El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas planta cara a las presiones del Gobierno

Quienes le conocen tiene un muy buen concepto profesional de él. El fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Ángel Torres Morato, será el principal escollo con el que se encuentren los sediciosos catalanes en la causa civil por malversación que investiga el órgano administrativo.

A diferencia del silencio impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Abogacía del Estado, fuentes próximas al Ministerio Fiscal han confirmado a ESdiario que la posición del Ministerio Público será más complicada de orientar para el Ejecutivo.

No en vano, Torres Morato tomó posesión de su cargo, en un acto celebrado en la sede del TC, tras obtener el apoyo unánime del Pleno del Consejo Fiscal -renovado en mayo de este mismo año bajo la actual presidencia de Dolores Delgado-, apadrinado por el ex teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón Cuesta, y en presencia de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Esta última, al frente de la Fiscalía del Supremo durante la causa del procés.

Al igual que sucedió durante el procedimiento penal que llevó a los líderes independentistas a ser condenados por el Alto Tribunal por delitos de sedición y malversación, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta a una línea exigente con la responsabilidad patrimonial de los mismos. Como en su día Madrigal -junto con sus compañeros Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- lo fue con la acusación por rebelión dirigida desde el Ministerio Pública a la Sala Segunda de lo Penal.

Miguel Ángel Torres Morato.

Para ello, la Fiscalía del TC dirigida por Torres Morato cuenta ya con un importante respaldo: la reciente decisión del Supremo de desestimar el recurso de los independentistas Artur Mas y otros miembros de su gabinete en el Generalitat de Cataluña para sortear la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas, derivada de la consulta ilegal realizada el 9 de noviembre de 2014.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal resolvió esta misma semana en una providencia la inadmisión del recurso planteado por los catalanes, apoyado en el hecho de que ninguno de los condenados había justificado suficientemente el interés casacional del asunto y a que el mismo carecía de fundamentación jurídica suficiente.

Una decisión que ha allanado el camino del TC, y el de la propia Fiscalía, en su misión de recuperar para el erario público los más de 5,1 millones de euros en los que el órgano ha cuantificado, provisionalmente, el importe de lo malversado para la promoción del 1-O a través del entramado de las embajadas de Cataluña en el extranjero (Diplocat).

Exigir responsabilidades

Entre algunas de sus competencias, el fiscal del Tribunal de Cuentas tiene como función el poder emitir su opinión sobre los procedimientos de fiscalización antes de que sean aprobados definitivamente por el pleno del órgano, así como emitir dictámenes sobre los informes, memorias y mociones que nacen de la institución administrativa.

Pero, además, es su potestad la de exigir las responsabilidades económicas y contables correspondientes a quienes hayan cometido delitos de tipo patrimonial y deban responder por ellos, como en el caso de los políticos catalanes. Quienes han coincidido con Torres en su trayectoria profesional no tienen ninguna duda de que lo hará.