Los tribunales cercan a Podemos en una decena de frentes durante su peor crisis

No será un feliz verano para la cúpula de Podemos ni la vuelta al curso judicial, en el mes de septiembre, fácil. Los tribunales han estrechado el cerco a la formación morada en los últimos días y el partido político acumula una decena de derivadas ante la Justicia.

La matriz -el Caso Neurona, en el que Unidas Podemos continúa imputado como persona jurídica-, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha sido la última a la que el magistrado Juan José Escalonilla ha ido sumando nuevas pesquisas.

Neurona México y la filial española

La causa arrancó tras las denuncias formuladas por dos exabogados de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, que apuntaban a pagos irregulares por un importe total de 430.000 euros de Podemos a la consultora mexicana Neurona para prestar servicios electorales en las generales de abril de 2019 que, presuntamente, no habrían sido realizados.

Bajo sospecha: el contrato firmado una vez concluidas las elecciones y, todo apunta, formalizado a través de una sociedad pantalla de la consultora en España. Una filial de nueva creación que habría sido concebida para efectuar las transferencias por los trabajos contratados pese a que en la misma nunca han constado empleados de alta.

La factura 'falsa' de Monedero

El entramado ha adquirido tal dimensión que llegó a salpicar a Juan Carlos Monedero, ideólogo y fundador de Podemos junto a Pablo Iglesias, que desfiló ante el juez el pasado marzo.

En el foco, una dudosa factura emitida a Neurona por el propio Monedero que se esforzó en su declaración ante el instructor por tratar de despejar cualquier duda sobre la falsedad del documento: "Esa factura está claro que la hago un domingo en mi casa, que pongo arriba lo que tendría que estar abajo y abajo lo que tendría que estar arriba, pero lo relevante, señoría, es que los conceptos están ahí", aseguró.

La exsenadora Celia Cánovas, azote de la caja 'B'

Las acusaciones de los dos responsables jurídicos de Podemos, Calvente y Carmona, sobre un supuesto entramado de sobresueldos -que los dirigentes del partido habrían recibido sin justificar, por dietas no permitidas en el Código Ético de la organización y sin tributar por ellas a Hacienda-, provocaron la reapertura de las investigaciones de la mal llamada Caja de Solidaridad del partido, provisionalmente archivadas por Escalonilla, por orden de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados del tribunal provincial entendieron que, en realidad, había indicios para indagar una suerte de caja 'B' que se engordaba con las donaciones obligatorias efectuadas por diferentes cargos del partido, como la exsenadora Celia Cánovas personada como acusación particular, para fines sociales que resultaron no ser tales. En realidad la caja se vaciaba, presuntamente, a favor de algunos cargos relevantes del proyecto político fundado por Pablo Iglesias.

#404 Comunicación Popular

No en vano, algunos de ellos eran, a su vez, miembros o colaboradores de la Asociación #404 Comunicación Popular.

Tal es así que, como avanzó ESdiario este mismo miércoles, la Fiscalía madrileña solicitaba al magistrado instructor una prórroga de 6 meses más para la causa y se sumaba a la petición de Cánovas para tomar declaración a una decena de miembros de #404: Patricia García Herrero (presidenta), José Martínez Coy (vicepresidente), Diana Peinado Serrano (secretaria), Jonathan González García, (vocal), Francisco Bermúdez Díaz (vocal), Christian Luis Navarro Marrero (miembro de la asociación), Alejandro Zapico Robledo, Irene Elina Lingua, Francisco Morales Villalba y Ana Beltrán Vázquez (cooperadores de la misma).

Todos ellos tendrán que comparecer ante el juez una vez se les notifique la citación para aclarar el motivo y el destino de los 30.000 euros percibidos por la entidad y efectuados desde Podemos en tres transferencias de 10.000 euros, de fechas 5 de septiembre de 2019, 20 de marzo y 15 de junio de 2020.

Proyecto Impulsa

Lejos de mermar, la maraña del caso no ha dejado de crecer para disgusto de Podemos, que este viernes conocía cómo el juez Escalonilla ha decidido ampliar el radio de investigación y ha abierto un nuevo frente: el Proyecto Impulsa. El magistrado instructor quiere despejar la incógnita sobre las si las donaciones efectuadas a este proyecto tuvieron el fin altruista con el que se creó.

A instancias de una petición de la exsenadora de la formación morada Celia Cánovas, el juez ha considerado que "no parece" que las cantidades donadas por ésta "fueran finalmente utilizadas para la finalidad" solidaria "a las que iban destinadas".

Y, por ello, ha decidido que "procede ampliar el objeto de la presente causa la investigación del destino" que pasa porque Podemos entregue la documentación acreditativa del dinero "recaudado tanto de los cargos públicos, como de otros donantes para el Proyecto Impulsa en el ejercicio 2016, así como la documentación expositiva del destino dado a dicho dinero recaudado para dicho proyecto".

Caso Niñera

El último capítulo del serial de Podemos en sede judicial lo ha estrenado el 'Caso Niñera', un escándalo protagonizado por Teresa Arévalo -asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero- que ejerció a su vez como asistente personal de la pareja Iglesias-Montero con cargo, presuntamente, a fondos públicos, tal y como denunció la exabogada del partido Mónica Carmona, ante el magistrado Juan José Escalonilla, que instruye la causa Neurona.

Tras dichas manifestaciones, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid citó como imputada a la propia Arévalo, el próximo 14 de julio, para investigar si hizo labores de niñera con cargo al erario público o a los fondos del partido y remitió un oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que notificasen la resolución a Irene Montero, "comunicándole la existencia del presente procedimiento a los efectos legales oportunos".

El juez Escribano señaló en su decisión inicial que los hechos detallados en la denuncia de los exabogados de Podemos "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". También reclamó como testigos al gerente de Podemos, Daniel de Frutos, y a Víctor Martins, responsable de Seguridad del partido, para que presten declaración el 19 de julio.

Sin embargo, la Fiscalía de Madrid ha dado un vuelco a la causa y solicitó el jueves al juez instructor que impute a de Frutos y a la gerente de la formación, Rocío Val, por unos hechos que podrían suponer un delito electoral o de administración desleal, según la acusación inicial del Ministerio Público.

La Fiscalía ha argumentado su postura "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, los referidos fueron los que ordenaron el pago".