La dejadez de Sánchez extiende el pánico pese a que los hospitales están vacíos
La quinta ola es un hecho, sí, pero parece bien distinta a las anteriores, de ahí que los indicadores empleados para medir la gravedad se hayan quedado anticuados y requieran ser revisados.
Cataluña cierra el ocio nocturno, Castilla y León pide toque de queda y así, cada comunidad autónoma quiere imponer sus medidas ante una nueva ola del virus. Sánchez insiste en dejar en manos de las regiones la gestión y su falta de diligencia ha llevado a generar una ola de pánico similar a las anteriores cuando los fallecidos se contaban por centenares, algo que afortunadamente ya no ocurre.De hecho, esta nueva ola es muy distinta a la que sucedió durante los meses de diciembre y enero. Bien es cierto que la incidencia acumulada en los tramos de edad de 12 a 19 años (729) y de 20 a 29 (814) se ha disparado definitivamente, elevando a 252 la media nacional: una cifra que técnicamente sitúa a España de nuevo en situación de “riesgo extremo”, siendo Cataluña (556), Cantabria (372,62), Navarra (344,68), Castilla y León (342,60) y Comunidad Valenciana (239,55), las comunidades más afectadas.
Pero de nuevo, el Ministerio de Sanidad ha renunciado a impulsar medidas nacionales en el Consejo Interterritorial y ha vuelto a responsabilizar a las Comunidades Autónomas de la gestión exclusiva de la llamada "quinta ola" o también "ola joven". Siete de ellas han exigido más restricciones y herramientas de control, sin éxito.Esa desatención ha abierto una confusa carrera autonómica por aplicar o exigir restricciones que van desde el recorte del horario de la hostelería hasta el cierre del ocio nocturno o, incluso, la imposición de toques de queda imposibles sin una declaración nacional de un nuevo estado de alarma, totalmente descartado.
Las cifras de hospitalización, de ingreso en UCI y de mortalidad deberían ser la nueva referencia para implementar las nuevas medidas
El Gobierno, por boca del propio presidente del Gobierno, se limita a instar a las Comunidades a alterar el calendario de vacunación para adelantar la inmunización de los mayores de 16 años, algo que ocho Comunidades ya han hecho o están a punto de hacer: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, y las ciudades de Ceuta y Melilla.Pese a todo, quizá haya llegado el momento de dejar de utilizar la tasa de incidencia para medir la gravedad de la pandemia y utilizar, ante todo, las cifras de hospitalización, de ingreso en UCI y de mortalidad como referencia para implementar las nuevas medidas.De hecho, según los últimos datos de Sanidad, la presencia de pacientes en planta es solo del 2.35% y en la UCI del 6.55%: en ambos casos ha bajado con respecto al día anterior. Las muertes consignadas, 17, son también muy inferiores a las de hace una semana, cuando se contabilizaron 46.
El Gobierno lo sabe pero no actúa
Lo peor de todo es que el Ejecutivo es consciente de toda esta situación. La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado en un Desayuno Informativo de Europa Press que los nuevos contagios no son preocupantes "porque ahora no implican saturación de las UCI ni muertes", ha remarcado.Por ello, considera que "no tiene ningún sentido mantener las mismas medidas que hace cuatro meses", algo que el Gobierno no ha sido capaz de transmitir para establecer un criterio común que todas las regiones actúen al unísono y sin generar temor entre los ciudadanos.Y es que, hay un ejemplo claro, el Reino Unido tiene una tasa de incidencia similar a España, con 460, y va a quitar la práctica totalidad de las restricciones: la evidencia de que el virus apenas afecta a la población joven (solo el 1% acaba ingresado) y el incremento de la vacunación hacen que el número de infectados sea menos relevante. Hay que frenarlo sí, pero cambiando ya el relato de la pandemia y no aplicando medidas precipitadas más propias del pasado.