El Tribunal de Cuentas ve ilegal la argucia del aval público de Mas y Puigdemont
La instructora del caso de las fianzas contra los cabecillas del procés ve irregularidades en el fondo público de la Generalitat para que los sediciosos pagen con dinero público.
Puigdemont y Artur Mas en Bruselas.
Otro varapalo judicial a los independentistas y otro problema colateral para la estrategia de Moncloa de tender puentes con Esquerra y con Pere Aragonés.La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas embajadas catalanas en el exterior aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero público del Instituto Catalán de Finanzas.
Según han informado fuentes del órgano contable, ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.Concretamente, se pregunta a los Servicios Jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración Autonómica perjudicada.Añade el Tribunal de Cuentas que, una vez terminado el plazo dado por el tribunal, y que cumplió a las 00.00 horas de este martes, se emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado, y cuyas identidades no se han facilitado por el momento.Pero entre estos dos afectados no se encuentran los exmandatarios, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresident Junqueras, así como otros ex cargos vinculados a ERC, ya que todos se han acogido al fondo público ahora en cuestión. Ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados ya preparan recurso.Las fianzas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera último plazo dado por la instructora del expediente, que finalizaba a las 00.00 horas de este martes.De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y, tras conocer el criterio de la Abogacía del Estado, emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos."Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros -una decisión que había descartado el martes-.
La portavoz de la Generalitat, este martes. Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta -dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles-, pues la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca.Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.
La Generalitat insiste
Pese a la primera decisión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat "continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas" su fondo para avalar las fianzas, ha garantizado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja."No hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar este aval, porque el decreto es jurídicamente impecable", ha asegurado Plaja, que ha descartado hablar de planes alternativos porque considera que los avales se deben aceptar.
