La Fiscalía mueve ficha contra los avales y obliga al Gobierno a retratarse
El Ministerio Público investiga el fondo público de la Generalitat para pagar las fianzas de los golpistas del 1-O y deja en evidencia a la Abogacía del Estado y a la nueva ministra.
La ministra de Justicia, Pilar Llop.
Los jueces y fiscales independientes se han vuelto a cruzar en los planes del independentismo de salir impune de las responsabilidades por el 1-O y, de paso, en la hoja de ruta de Moncloa de cara a la mesa bilateral de negociación de septiembre.
La última "piedra en el camino" -en palabras del exministro y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos- la ha puesto este miércoles la Fiscalía, al seguir la estela del Tribunal de Cuentas y denunciar el presunto uso fraudulento por parte de la Generalitat del Instituto Catalán de Finanzas, con el objetivo de hacer frente con fondos públicos las fianzas de los líderes del procés.
Así, la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto, a raíz de una denuncia de Ciudadanos, una investigación sobre los avales del ICF para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a excargos del Govern encausados por la acción exterior de la Generalitat. En el decreto de incoación de diligencias, el fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue.
La decisión de la Fiscalía va a obligar también a retratarse al Gobierno, ya que la primera decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas -alertando de la ilegalidad presunta de la Generalitat- hace preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos del Estado. El primer examen para la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, que debe decidir su revoca la estrategia de cesiones de la Abogada General, Consuelo Castro, nombrada en su día por Dolores Delgado.
Una decisión "cuanto antes"
En este sentido, la ministra Llop ha adelantado que la Abogacía del Estado elaborará "cuanto antes" el informe que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas.
Interrogada sobre la opinión del Ejecutivo acerca de la legalidad de los avales presentados por el ICF, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, Llop ha eludido el asunto alegando que, dado que se trata de un asunto en trámite, "el Gobierno no puede interferir de ninguna manera".
"Lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes, se está estudiando por los Servicios Jurídicos del Estado", se ha justificado. Eso sí, Llop ha defendido que "es un tema que hay que analizar con toda la normalidad".