Más varapalos judiciales planean sobre Moncloa y amargarán el regreso a Sánchez
Varias leyes ya recurridas en el Supremo y Constitucional y otros tantos proyectos en tramitación van a ser resueltos en los próximos meses. Y se duda de su constitucionalidad desde ya.
Sánchez tiene un complicado horizonte en los tribunales a los que acosa.
El Tribunal Constitucional y el Supremo han puesto un punto y seguido vacacional ante el amplio y complejo paquete de recursos, ya presentados por la oposición, contra las leyes estatales más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez.Sendos tribunales abordarán tras la apertura del nuevo curso judicial, en el mes de septiembre, las solicitudes de amparo interpuestas para frenar, en base a su sesgo ideológico, la entrada en vigor de las normas más recientes impulsadas desde el Ejecutivo.Además de decidir sobre la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma -que como han apuntado fuentes judiciales a ESdiario, seguirá la estela del varapalo recibido por el primer confinamiento decretado en marzo de 2020- las más altas instancias judiciales de nuestro país tendrán que pronunciarse sobre:- La llamada Ley Celáa que, bajo la premisa de fortalecer la educación pública propugna una serie de reformas en supuesto detrimento de las fórmulas concertadas y privada, durante la etapa obligatoria.- La Ley de Eutanasia, tras admitir el Tribunal de Garantías el recurso de Vox contra el texto que consagra el derecho a una muerte digna a petición expresa del enfermo.- La Ley Rider que obliga a las plataformas de reparto a contratar a los repartidores a domicilio bajo la excusa se eliminar la figura del falso autónomo, lo que ha provocado esta misma semana el cese de actividades de Deliveroo en España y la pérdida de más de 4000 empleos vinculados a la misma.- Y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recortó competencias al Consejo de los jueces (CGPJ) una vez prorrogado su mandato y evitar, así, que pudieran continuar con el nombramiento de nuevos jueces y magistrados para cubrir las plazas.
En concreto, esta última reforma provocó todo tipo de críticas por parte se los propios miembros de la carrera judicial quienes, en su afán por defender su propia independencia y la separación efectiva y real poderes, han llevado los desmanes del Gobierno ante la Justicia Europea. No en vano, el propio comisario de Justicia se la UE, Didier Reynders, ha advertido al Ejecutivo que el sistema de elección de los magistrados en España "es un problema".
Sánchez presume de sus leyes, pero luego los tribunales las enmiendan a la totalidad. Las declaraciones de la hoy exvicepresidenta Carmen Calvo sobre los indultos concedidos a los líderes catalanes del proces, condenados por sedición y malversación, como una fórmula para "reequilibrar y contrapesar" al Poder Judicial, ahondaron todavía más una brecha que parece irreparable, a salvo de la futura y eventual doctrina que el Constitucional fije en esta materia.El horizonte se presenta oscuro para el Gobierno de Sánchez que ha visto cómo desde comienzos de año la Justicia ha puesto coto a sus actuaciones. Tanto en sede judicial como desde la Fiscalía -dirigida por Dolores Delgado y cuyo nombramiento también ha sido recurrido y espera pronunciamiento- los expertos han emitido sentencias y dictámenes contrarios a las intenciones ministeriales.
Nuevos correctivos
La vuelta a la actividad política tras el verano supondrá la llegada no sólo de nuevos correctivos sino el momento en el que se amplíe el listado de recursos sobre los ya presentados.Las leyes más ideológicas- la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Trans y la Ley de Memoria Democrática- serán recurridas por el partido político que, hasta la fecha, atesora más solicitudes de tutela judicial frente a la vorágine normativa del Ejecutivo socialista.Los dos éxitos más recientes cosechados por Vox ante el Constitucional: la anulación del primer estado de alarma declarado por el Gobierno de Pedro Sánchez; y, la nulidad de la disposición que blindó al exvicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la comisión sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han dado razones jurídicas a los de Santiago Abascal para seguir pleiteando por que se cumpla el marco fijado por el ordenamiento jurídico español.Sin ir más lejos, este viernes, la titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid ha admitido a trámite la querella planteada por Vox contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
