El Tribunal de Cuentas revela la opacidad de 3.900 ayuntamientos y diputaciones

Mientras Hacienda obliga a todos los españoles a un exhaustivo streaptease fiscal cada año, algunos organismos públicos y partidos que los gestionan siguen sin dar ejemplo. Y justo cuando alcaldes y presidentes de diputaciones exigen su parte del pastel en el reparto de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos antiCovid, un informe del Tribunal de Cuentas retrata a la administración local por su falta de transparencia.

Más de la cuarta parte de las entidades locales no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al tribunal fiscalizador del Estado, y esta institución insiste en la conveniencia de "castigar" esa actitud reteniéndoles la financiación que les corresponde por tributos e impidiendo su acceso a ayudas públicas y subvenciones. Así figura en el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019, aprobado en el último pleno del Tribunal de Cuentas.

En 2019, un total de 15.580 entidades locales de España (ayuntamientos, diputaciones, cabildos empresas muncipales, etc), excluyendo las del País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen foral, estaban obligadas a presentar sus cuentas anuales antes del 22 de enero de 2021, ya que se les dio más plazo para compensar los meses de confinamiento de 2020 por el coronavirus.

Según indica el Tribunal, un 62% de esas entidades presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021, un porcentaje que en abril de ese año llegaba al 73%. Por primera vez en años, la cifra es mejor a la del ejercicio anterior, que fue del 55 y del 71%, respectivamente, pero sigue suponiendo que más de una cuarta parte no cumple con su obligación de rendir cuentas. En torno a 3.900.

Repaso del órgano fiscalizador a los partidos por su ocultismo en su gestión municipal.

Según destapa el Tribunal de Cuentas, a 7 de abril de 2021 había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019.

Y un poco después, al cierre de los trabajos de fiscalización, seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones. Además, y en cuanto a la integridad y coherencia de los balances presentados, el 14% no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.

A partir de las validaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se comprobó que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

En materia de contratación pública, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.

Sanciones para los incumplidores

Así las cosas, en sus recomendaciones el órgano fiscalizador hace hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los impuestos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir sus cuentas y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la preceptiva rendición de cuentas.