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La Justicia da aire a Marlaska al ratificar el cese de Pérez de los Cobos

El ministro Marlaska se sale con la suya y consigue que la Audiencia Nacional ratifique el cese del coronel Pérez de los Cobos por investigar sobre el 8M y los contagios de coronavirus.

Fernando Grande-Marlaska

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L. F.

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La Audiencia Nacional, aquella en la que trabajó Fernando Grande Marlaska durante años, ha dado oxígeno a su compañero de profesión. Ha declarado legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior de cesar al coronel de su puesto como jefe de la Guardia Civil de Madrid. Tras la investigación de sus subordinados sobre la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus, según el coronel estas investigaciones estaban bajo la dirección de una juez.La sentencia concluye que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, manteniendo al interesado en el mismo e imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva, como hemos declarado, es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino".

De esta forma revoca la sentencia de 31 de marzo de 2021, del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior.

Interior cesa por pérdida de confianza

El pasado mes de abril, la Abogacía del Estado alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional "eliminaba" la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se quejaba Interior.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento --entre ellas, el Delegado del Gobierno-- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación".

Requerimientos por la cadena de mando

El 24 de mayo, según el recurso de Interior, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, "a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación". A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos, que contestó que "ni conocía ni debía conocer nada".

La contestación no satisfizo al Ministerio del Interior, según detalla el recurso: "Esta fue la única respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relación con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital 'El Confidencial".

La Abogacía se apoyaba en la jurisprudencia y el cese como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alegaba.

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