El TC ultima una batería de sentencias que hace temblar al Gobierno

Al Gobierno se le agolpan los problemas judiciales por sus excesos. Si el Tribunal Constitucional ya declaró ilegal el decreto del primer estado de alarma, la batería de sentencias que tiene previsto emitir hace temblar los cimientos de Moncloa, puesto que está ultimando su decisión sobre el segundo estado de alarma y sobre el cierre del Congreso.

Además, ahora se le suma otro frente más a los que ya tiene abiertos, puesto que el Pleno del tribunal de garantías ha acordado analizar la idoneidad de una de sus leyes estrella: la ley de eutanasia, a lo que hay que añadir que también ha decidido investigar sus injerencias en el CGPJ.

De hecho, el TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El Pleno ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El PP presentó dicho recurso porque considera que vulnera varios preceptos de la Constitución, entre los que menciona el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona.

Además, considera que también se salta el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley, y el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos y establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

El líder del PP asegura que con "125.000 fallecidos por coronavirus" no era el "mejor momento de abordar" esta ley y hacerlo, además, "en la excepcionalidad" del estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo

La ley, que fue aprobada el pasado marzo en el Congreso con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

El recurso recoge también el argumento ya defendido públicamente por Casado de que la normativa vulnera los artículos 168 y 169 de la Constitución. El líder del PP asegura que con "125.000 fallecidos por coronavirus" no era el "mejor momento de abordar" esta ley y hacerlo, además, "en la excepcionalidad" del estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo.

El ponente será el polémico Conde-Pumpido

Según ha informado el TC, el ponente de la sentencia que se dicte será el magistrado Cándido Conde-Pumpido, próximo a las filas socialistas, no en vano fue Fiscal General del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, se da la coincidencia de que Conde Pumpido fue uno de los magistrados que emitieron un voto particular en contra de la sentencia del TC que consideró ilegal el estado de alarma. El juez generó un enorme cisma en el seno del tribunal cargando contra sus compañeros, a los que tildó de "juristas de salón", aunque luego suavizó su texto.

El Constitucional estudia el segundo estado de alarma

Y es que, la pelea en el seno del TC está servida y todo a cuenta de los líos jurídicos en los que está envuelto el Gobierno. Sobre la mesa del tribunal de garantías también está ya el segundo estado de alarma, que parece que también podría ser tumbado en el próximo Pleno de octubre, tal y como relató ESdiario.

La razón fundamental que esgrime el ponente, el magistrado Antonio Narváez, es el largo periodo por el que fue establecido, seis meses, sin pedir su prórroga al Congreso de los Diputados, lo que impidió a la cámara controlar las medidas que fue imponiendo el Gobierno.

Por otra parte, otro de los argumentos para declarar inconstitucional el decreto es la llamada 'cogobernanza'. Sánchez dejó en manos de las comunidades los confinamientos, los cierres perimetrales y los toques de queda, algo que, según el TC, tampoco entraría dentro de la legalidad ya que no tienen competencias para ello.

El cierre del Congreso

Además, en ese mismo pleno se ratificará sentenciará previsiblemente sobre el acuerdo del Congreso de limitar su actividad durante el primer estado de alarma, un asunto sobre el que también hay discrepancias ya que el debate que subyace es si el Gobierno evitó el control parlamentario y si estuvo justificado el frenazo de la actividad de las Cortes.

En un principio, la ponencia estaba encaminada a desestimar el recurso interpuesto por Vox, pero tras el debate en el seno del Pleno se inclinará por considerar que se vulneró los derechos de los diputados a ejercer su tarea legislativa y de control al Gobierno.

En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y genera repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

Por otra parte, otra de los asuntos de enjundia que tratará el TC es la reforma del CGPJ llevada a cabo por el Gobierno de coalición que recorta atribuciones al órgano cuando esté se encuentra en funciones.

Esta norma fue recurrida por PP y Vox que sostienen que la reforma, además de adolecer de defectos formales en su tramitación, vulnera diversos preceptos de la Carta Magna (art. 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, entre otros) por defectos formales en su tramitación parlamentaria así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.

Los partidos consideran que en el marco de la tramitación urgente de la reforma de la ley se vulneró, entre otros, el artículo de la Carta Magna por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica.

El PP intentó que el órgano de gobierno de la Cámara revocase su decisión de tramitar por la vía de urgencia la reforma que afectaría al CGPJ y también que permitiera que el propio Consejo fuera escuchado durante la tramitación.

Vox alegó en su recurso que la tramitación de la reforma no se produjo conforme a la legalidad, ya que "la misma mayoría política en el Gobierno decidió a conveniencia eludir la exigencia del previo dictamen del CGPJ, a través del medio fraudulento de utilizar al grupo parlamentario controlado por esa mayoría para presentar una proposición de ley".