Sánchez ignora la ley que le permitiría prohibir la exaltación de Henri Parot

Si Pedro Sánchez y su Gobierno quisieran, este sábado no se celebrarían las 60 concentraciones que, con una excusa formal genérica, pretenden protestar por el encarcelamiento del terrorista Henri Parot y rendir con ello tributo a la banda de la que nunca renegó, ETA.

No necesitaría ni el amparo de la Audiencia Nacional, que no pudo prohibir la marcha inicialmente prevista al considerar que no puede prejuzgar delitos, ni el del Gobierno vasco, que también desecha aplicar su propia normativa para impedir la humillación de las víctimas a las que, sin embargo, dice proteger.

Le bastaría con aplicar la Ley 29/2011 de 22 de septiembre que, a lo largo de 27 páginas, versa sobre el "Reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo", impulsada al unísono por PSOE y PP con Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior y aprobada definitivamente en el Senado, en septiembre de 2020, con el también socialista Antonio Camacho, efímero titular de un departamento que en apenas tres meses ocuparía ya el popular Jorge Fernández.

Esa ley fue un paso decisivo para atender a las casi 6.000 víctimas legalmente reconocidas como tales por el Estado, con un catálogo de servicios legales, económicos, morales, asistenciales y laborales que incidía, especialmente, en la preservación de su dignidad.

Y preveía la capacidad del Gobierno de impedir que, con coartadas etéreas como la marcha de Mondragón o las concentraciones de este sábado, se las humillara públicamente, dando al Ejecutivo la capacidad de actuar antes de los hechos, y no solo después. Lo recogía, de manera precisa, el apartado tres del artículo 61, dedicado a la "defensa y el honor" de las víctimas:

"Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas".

Más de 200 homenajes

Con esa norma, con categoría de Ley Orgánica, Pedro Sánchez hubiera podido impedir cualquiera de los 200 homenajes contabilizados en poco más de un año a etarras regresados a sus municipios, donde frecuentemente han sido recibidos con ceremonias públicas de exaltación, entre aplausos y agradecimientos por sus trayectorias, pese a que hasta la Unión Europea ha puesto el foco en evitarlos.

Y desde luego, para prohibir la marcha prevista inicialmente por el mundo abterzale para protestar por los 31 años de encarcelamiento de Henri Parot, beneficiado ya este año por uno de los más polémicos acercamientos impulsados por el ministro Fernando Grande Marlaska.

El Gobierno de Sánchez no necesita el permiso de la Justicia para impedir homenajes a etarras antes de que se celebren

Parot, responsable directo de 39 asesinatos y autor del atentado de la casa cuartel de Zaragoza que acabó con la vida de cinco niños y un joven menor de edad, entre otros, soporta condenas por un total de más de 4.000 años, lo que no ha sido óbice para disfrutar de un traslado de prisión que le aproxime al País Vasco.

Ni tampoco para que, en sustitución de la marcha convocada inicialmente en Mondragón, vaya a disfrutar de 60 concentraciones para honrarle en distintos municipios del País Vasco. "Por la vía penal, la Audiencia Nacional tiene difícil prohibir nada de eso porque, hasta que se celebre, no se puede saber si se ha exaltado o no el terrorismo. No puede actuar antes de que se registren los hechos. Pero el Gobierno, a través de su Delegación en el País Vasco, puede hacerlo, de manera preventiva, sin duda", sostienen fuentes jurídicas consultadas por ESdiario.

Los pactos con Bildu y Otegi

Sánchez, en definitiva, ha dejado en manos de la Audiencia Nacional lo que estaba en las suyas. Y se ha conformado con la suspensión de la "carrera popular" convocada al principio, decidida por sus promotores, para finalmente mirar para otro lado con las concentraciones que buscarán lo mismo, homenajear a Parot, de forma más discreta.

En medios oficiosos se da por seguro que la cancelación de la marcha fue inducida por Bildu, consciente del problema que le causaría al Gobierno permitir un "akelarre" en honor a uno de los más sanguinarios terroristas, nunca arrepentido de su siniestro currículo.

Bildu es un aliado clave del PSOE, con el que pactó el Gobierno de Navarra y los Presupuestos Generales del Estado, amén de la abstención en la propia investidura de Pedro Sánchez. Y para Podemos, el partido de Arnaldo Otegi es un "socio estable", como ha repetido en incontables ocasiones.

En ese escenario, las protestas de las víctimas del terrorismo han sido clave para parar el primer golpe, la marcha, pero no para frenar el despliegue abertzale contra la "prisión permanente revisable", el eufemismo para justificar que el Gobierno de España no intervenga.

La AVT celebrará hasta cuatro concentraciones de protesta por todo ello, en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada, a las que se sumarán las protestas de VOX en Mondragón y del PP en Arrasate contra unas manifestaciones que, si Sánchez quisiera, ya estarían suspendidas.