Un documento de Marlaska revela el doble juego de Laya con Marruecos y Ghali

El caso de Brahim Ghali persigue a Arancha González Laya aun después de su salida del Consejo de Ministros. Toda vez que el juez de Zaragoza Rafael Lasala ha citado a la ex ministra de Asuntos Exteriores como investigada para determinar si hubo delito en la entrada y salida del líder del Frente Polisario, tratado de coronavirus y de cáncer digestivo en un hospital de Logroño.

Tanto ella como el ministro del Interior, que desde el primer momento se opuso a acoger a Ghali para no desairar a Marruecos, siguen sangrando por la herida. Porque Fernando Grande-Marlaska ni siquiera ha sido capaz de dar carpetazo al asunto repatriando a los menores que entraron en Ceuta cuando en mayo el reino de Mohamed VI abrió la frontera en represalia (la Justicia detuvo el operativo).

Considere o no el magistrado de Zaragoza que González Laya incurrió en un delito, lo que está claro es que políticamente jugó a dos barajas desde el principio. Mientras coordinaba la llegada del líder saharaui a España a espaldas de los marroquíes, en paralelo González Laya aprobaba el envío de una ayuda de 30 millones de euros al país vecino para luchar contra la inmigración irregular. Así lo demuestra una resolución firmada de forma electrónica por el ministro del Interior a la que ha tenido acceso ESdiario.

El documento que prueba el doble juego de González Laya con Marruecos y, a la izquierda, la firma del ministro del Interior.

Según la investigación posterior, Ghali llegó al Hospital San Pedro de Logroño el pasado 18 de abril. La ministra actuó con sumo sigilo. De hecho posteriormente su entonces jefe de Gabinete, Camilo Villarino, admitió al juez que González Laya le pidió "máxima discreción" porque de saberse que el líder del Frente Polisario estaba en España podría provocar un "perjuicio" a las relaciones internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuatro días después, el 22 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación emitió un informe preceptivo con el que daba su visto bueno a "otorgar al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos una ayuda de 30.000.000 € (treinta millones de euros), para contribuir a sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, junto con los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas y territorios españoles desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021".

Ese informe favorable era condición sine qua non para que, el 18 de mayo, y en plena avalancha migratoria sobre Ceuta por la furia de Mohamed VI al enterarse del caso Ghali, Grande-Marlaska elevara al Consejo de Ministros la concesión de dicha ayuda para su aprobación.

Una ayuda que en su día resultó muy polémica, puesto que fue entendida como un gesto de debilidad del Ejecutivo ante el chantaje de Marruecos. En esa resolución, el ministro del Interior la justifica en el refuerzo necesario de la cooperación con el vecino del Sur ante "el constante flujo de llegadas irregulares a través de las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y de la fachada atlántica africana, así como el incremento de la presión migratoria a la que se ven sometidos los países africanos del Magreb, Sahel y del África Subsahariana que ha supuesto la reapertura de la ruta que afecta de forma destacada a las Islas Canarias, haciendo especialmente necesario el reforzar la cooperación entre los Reinos de España y Marruecos en este ámbito".