Las cifras que demuestran la persecución fiscal de Sánchez a Madrid y a Ayuso

"Dumping fiscal". Esa es la acusación que se lanza una y otra vez contra Isabel Díaz Ayuso, y mucho más desde que anunciase la eliminación de los impuestos autonómicos propios. Pero además, la campaña auspiciada desde el Gobierno se centra en una llamada 'armonización fiscal' que pretende imponer una subida de los impuestos a los madrileños.La propia presidenta regional ha vuelto a denunciar desde Estados Unidos, donde se encuentra de gira, la obsesión del Gobierno de Sánchez por estrujar fiscalmente a los madrileños, cuyo PIB se ha colocado al frente de España con esa política de esfuerzos fiscales moderados.

De hecho, ha explicado que "hay que tener en cuenta que el 60% de las grandes multinacionales están en la Comunidad de Madrid y el 75% de inversión extranjera". Por eso, la dirigente autonómica ha puesto el foco en que "si la política fiscal del Gobierno es de subir impuestos, la primera perjudicada es la Comunidad de Madrid". A esto hay que añadir el último anuncio de Pedro Sánchez, que pasa por sacar de la región "instituciones públicas que históricamente" han estado en ella, algo que el Gobierno intenta 'vender' como una propuesta para afrontar la despoblación de algunas zonas, pero que para Ayuso no es más que "un ataque frontal y directo" contra Madrid."Desde luego nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo", ha manifestado desde EEUU, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con fondos de inversión.

Los datos desmienten el "dumping fiscal"

Pero al margen de este nuevo asunto con el que Sánchez ha comenzado una nueva ofensiva contra Madrid, existen cifras que dejan claro que la política impositiva de Ayuso no impide el desarrollo de otras regiones.Una de las figuras clave es el Impuesto de Patrimonio, una tasa que que está bonificada al 100% en la Comunidad de Madrid y que según los detractores de Ayuso hace que los más ricos y, por tanto, las inversiones, terminen recalando en la capital.Sin embargo, por más que se repita este 'mantra' la realidad es bien distinta, tal y como se reflejan en los datos que ha publicado la propia Agencia Tributaria. De hecho, uno de los abanderados de la teoría es el dirigente valenciano, Ximo Puig, pero el número de declarantes por este impuesto en la Comunidad Valenciana no ha dejado de crecer en los últimos años: 18.852 en 2014, 19.616 en 2015, 22.105 en 2016, 22.516 en 2017, 22.702 en 2018 y 23.291 en 2019.

Menos impuestos

Algo similar ocurre en Cataluña, donde los independentistas han emprendido la misma campaña contra Díaz Ayuso, mientras que ellos no han parado de 'freir' a impuestos a sus ciudadanos. De hecho, según los datos disponibles los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio han pasado de 71.156 en 2014 a 72.716 en 2015, 74.125 en 2016, 75.801 en 2017, 77.397 en 2018 y 79.876 en 2019.Bien es cierto, que en Madrid también ha aumentado el número de personas que están sujetas a dicho impuesto, pasando de 16.670 declarantes en 2014 a 16.977 en 2015, 17.507 en 2016, 18.132 en 2017, 18.587 en 2018 y 19.090 en 2019. Sin embargo, solo se ha producido una mejora de 2.420 contribuyentes, frente a la subida de 4.439 en Comunidad Valenciana y 8.720 en Cataluña.

Además, otro dato, en términos absolutos desmonta por completo la teoría que pretenden imponer contra Ayuso y es que el mayor número de 'ricos' no está en Madrid, sino en Cataluña. De hecho, en la distribución de los datos por comunidades autónomas, de los 212.284 declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2019, la mayor parte se concentran en cuatro regiones: Cataluña, con 79.876, que encabeza la lista a cierta distancia con la siguiente región, que es la Comunidad Valenciana, con 23.291 declarantes; seguida de Madrid (19.090) y Andalucía (18.722), ambas con una cifra muy parecida.

Casi nadie cobra Patrimonio

El Impuesto de Patrimonio se suprimió a partir del 1 de enero de 2008 y tras la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo recuperó en 2011, en principio temporalmente hasta el año 2013, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez lo han mantenido y prorrogado sucesivamente e incluso este último es el que aboga por una 'armonización' del mismo en todo el territorio.Pero esta tasa no es más que un resquicio del pasado, que no se aplica en el resto de Europa. Después de que el Gobierno francés eliminara el 'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)' el 1 de enero de 2018, esta figura impositiva solo sobrevive en tres países del Viejo Continente: España, Suiza y Noruega.