Belarra quiere que las urbanizaciones de lujo tengan un 30% de vivienda social

Ione Belarra quiere obligar a los constructores de urbanizaciones de lujo a incluir en sus proyectos un 30% de vivienda protegida, mientras que la mitad será para vivienda social. "Una medida antiguetos", fue como definió la ministra de Derechos Sociales esa clausula que se pretende implatar en la nueva Ley de Vivienda, que ya puso en marcha Ada Colau en Barcelona con unos resultados desastrosos.

La idea que maneja la ministra pasa porque todas las promociones, estén ubicadas donde estén o con las características que sean, deben de tener un tercio de sus viviendas con algún tipo de protección, con el objetivo, según explica, de crear "sociedades más igualitarias".

Sin embargo, la medida no tendrá el efecto deseado puesto que Colau ya hizo el 'experimento' y los resultados obtenidos no han hecho que aumente el parque de vivienda social, sino todo lo contrario ha frenado la inversión.

De hecho desde que se implantó los promotores han preferido huir de Barcelona en favor de otros municipios o incluso salir de Cataluña rumbo a Madrid, para poder llevar a cabo sus inversiones sin que el Gobierno municipal imponga sus condiciones.

Además, los propios promotores denunciaron que con esta medida el Ayuntamiento barcelonés dejaba a un lado su responsabilidad de dedicarse a la protección de la vivienda, dejándolo en manos de promotores privados de forma unilateral.

"En Cataluña ya se han aplicado medidas similares y solo han causado un parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas"

De esta forma, y una vez que se ha conocido que Belarra quiere implantar el mismo modelo que Colau, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha mostrado sus temores, ya que consideran que las medidas anunciadas serían un "impedimento" para ampliar la oferta de viviendas, algo "básico" para paliar la dificultades de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes españoles.

"En Cataluña ya se han aplicado medidas similares y solo han causado un parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas", han señalado los promotores, apoyando sus afirmaciones en una encuesta elaborada entre sus asociados en la que el 55,3% de los promotores y constructores catalanes declaran haber paralizado la inversión esperando una mejor situación, un 31,6% manifiestan haberla reducido y un 13,1% afirma haber abandonado Cataluña a causa de esta regulación.

En concreto, sobre la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social-, desde APCE han apuntado que producirá una reducción de la inversión y una posible huída hacia territorios en los que no se aplique esta norma, como ya ha ocurrido en Barcelona.