'El Pollo' tira de la manta y muestra los contratos de Podemos con el chavismo
El exjefe de la inteligencia venezolana ya ha entregado los documentos que demostrarían la vinculación entre la formación morada y el gobierno bolivariano.
El exjefe de Inteligencia de Venezuela en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional.
Las cosas se ponen feas para Podemos una vez que el que fuera jefe de la inteligencia venezolana ha tirado de la manta. Hugo Armando Carvajal, 'El Pollo', ha vuelto a remitir documentación al juez Manuel García Castellón, que está estudiando su extradición a Estados Unidos, y en su intento de colaborar con la justicia para frenar su entrega ha mostrado encargos que vinculan a la formación morada con el chavismo.
Los documentos se tratan de un encargo de 2008 por la que el presidente venezonalo, Hugo Chávez, autorizaba el pago de 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS y 142.000 dólares que en 2013 liberó su sucesor, Nicolás Maduro, en favor de Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez para servicios de comunicación, según ha adelantado OK Diario.
Este "subcontrato", destinado a los "sociólogos y activistas del movimiento 15M/Indignados", consiste en una orden de pago firmada por Maduro el 16 de octubre de 2013: tres meses antes de la fundación de Podemos y que estaría destinado al "diseño político comunicacional del material audiovisual" que se iba a utilizar en el stand de la petrolera estatal Pdvsa en el Congreso Mundial de Petróleo de Moscú en 2014.
Por su parte, en cuanto al encargo de mayor cuantía, se trata de una orden de contratación rubricada por el propio Chávez, que tenía como beneficiaria la Fundación CEPS, gérmen de la formacion morada, a los que se define directamente como "aliados naturales de la revolución bolivariana".
El consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalista
De hecho, el pago tiene un objetivo, "propiciar un cambio político aun más afín al Gobierno bolivariano", y también nombres propios destacados, Juan Carlos Monedero, Jorge Vestrynge y Pablo Iglesias a los que definen como "destacados profesores" que "representan una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana".
El encargo, a propuesta del entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, que también se encuentra en Estados Unidos tras la llegada al poder de Maduro, pasa por programar en las televisiones venezolanas VTV y Telesur "presentaciones y entrevistas" a los tres.
Además, el documento deja clara la intención del Gobierno venezolano. "Según lo acordado en el referido Consejo de Ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalista, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciado en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano".
Chávez ordenó abonar dicha cantidad a la Fundación CEPS en varias anualidades en pago por sus labores de "asesoría: 2.492.557 dólares en 2008 y otros 4.273.300 dólares entre 2009 y 2011.
Los 'papeles' de Garzón
Esta documentación aportada al juez se suma a la que ya facilitó sobre supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de unas pesquisas sobre terrorismo internacional que permanecen secretas.
De acuerdo con una información publicadapor Francisco Mercado en The Objective, Ilocad fue contratado por 8,8 millones de euros por la petrolera pública de Venezuela PDVSA para supuestas labores de "coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España".
El despacho de Garzón ha asegurado en comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Boggs, "que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven", para estudiar la viabilidad de la emprender acciones legales en España contra varios empresarios y ex funcionarios de la petrolera venezolana pos delitos de organización criminal y blanqueo.
