Ábalos mintió en Plus Ultra: conocía el rescate y lo tapó como secreto de Estado

José Luis Ábalos mintió reiteradamente a la opinión pública y al propio Parlamento, con la complicidad del Gobierno, al asegurar que desconocía el expediente, los trámites y la documentación que sirvieron para rescatar con 53 millones de euros de dinero público la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra.

Así queda documentado en una investigación periodística que, durante cinco meses, ha desarrollado ESdiario para conocer la realidad de una polémica operación tras la cual el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE quedó apartado de todas sus funciones, tanto en el Gobierno como en el partido.

La documentación oficial a la que ha accedido este periódico demuestra no solo que Ábalos conocía perfectamente la operación, sino que además hizo todo lo posible para que sus detalles no se conocieran, hasta el punto de que escondió toda la operación declarándola secreto de Estado, utilizando una ley de la época de Franco para evitar el acceso a los detalles.

Fue el remate a una larga secuencia de complicidades y trabas del Gobierno y de varios departamentos para "esconder" un millonario rescate a una empresa que, además, no cumplía siquiera el más elemental de los requisitos para acceder a las ayudas: haber entrado en pérdidas por la pandemia. La aerolínea ya llevaba años en esa situación, incumpliéndose así la normativa justificativa de las transferencias económicas. Ésta es la secuencia entera:

La Sepi y Hacienda miran para otro lado

La SEPI, cuyo consejo de administración fue imputado a cuenta de esta operación, como desde el Ministerio de Hacienda, se han amparado en razones tan variopintas como incomprensibles para ayudar a "tapar" la controvertida operación.

Según la SEPI, en un documento público con fecha 25 de junio y que obra en poder de este medio, se trata de información de carácter reservado, y que en caso de ser conocida, con un argumentario sorprendente: podría conceder una ventaja a la competencia de Plus Ultra, pues de hacerse pública tal información "conlleva un riesgo de aprovechamiento ilegítimo" para las empresas competidoras; además de que todo ello supone un perjuicio para el "secreto profesional".

Ábalos dijo primero que no sabía nada, luego que otros hicieron los informes y ahora se sabe que su Ministerio sabía que se había declarado secreto de Estado todo lo de Plus Ultra

Pero lo más llamativo de este documento de la SEPI, que depende de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que en todo momento trata de ocultar el porqué de la autorización dada por el Consejo de Ministros para que el Fondo Gestor del Estado acabara concediendo ayudas públicas: se acogen al secreto requerido en procesos de toma de decisiones, algo tan anómalo que les ha llevado al juzgado por las sospechas de trato de favor.

Este medio se dirigió hace casi seis meses al Gobierno solicitando el acceso íntegro al expediente de rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros, y por tanto de su pleno conocimiento. De hecho, la responsabilidad del órgano colegiado que preside Pedro Sánchez es incuestionable, hasta el punto de que de ahí salió el germen de ayudas como la de la aerolínea.

Otra vez la opacidad

El 21 de julio de 2020 quedó regulada, en el artículo3, anexo III; el funcionamiento, composición y funciones del Consejo Gestor del Fondo que libraba el dinero a empresas como la hispoanovenezolana: "Elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones de solicitudes anteriores en las que el Fondo aportará apoyo temporal".

Nuevamente el Gobierno pasó la patata caliente a la SEPI, que en fecha 16 de julio ya de este año, con el visto bueno de su nueva presidenta, Belén Gualda González, se negó a arrojar algo de luz al ampararse en la LECRiminal, dadas la diligencias penales incoadas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid a raíz del rescate aprobado por el Estado, no sin antes referir que de darse a conocer tales datos, la revelación de los mismos "supondría tener que hacer pública información privilegiada sobre la estrategia y organización interna de la compañía", tal y como queda reflejado en otro documento oficial es propiedad de ESdiario.

La empresa perdía antes de la pandemia

Además, según la información que obra en poder de este periódico, el análisis de la Cuenta de explotación y de los estados contables de Plus Ultra, con los datos obrantes en el Registro Mercantil, no ofrecen dudas a este respecto: no cumple el requisito señalado por el RDL 25/2020 de 3 de julio, al estar confirmado que las pérdidas acumuladas son previas al Covid.

Con la información oficial registrada de los últimos cinco ejercicios contables depositados, Plus Ultra acumula importantes pérdidas operativas para cada ejercicio en el período comprendido entre 2016 y 2020, ambos inclusive.

Así, por ejemplo, en 2018 el resultado del ejercicio es de pérdidas por importe de 6.725.682 euros; en 2019 de 2.113.286 y en 2020 por un total de 2.781.883 euros; en este año de pandemia, el incremento de las pérdidas estructurales no supone más que la tendencia ya existente de una empresa a la deriva y que maquilla su BAI por la liquidación del IS, que reporta un beneficio contable sobre la cuenta de explotación, al compensar tal liquidación las pérdidas acumuladas.

Se puede constatar igualmente cómo el importe neto de la cifra de negocios se ve incrementado de manera muy significativa precisamente en el año 2020,- es decir, la crisis pandémica no ha afectado a sus ingresos, puesto que los mismos han aumentado de manera importante- al pasar de los 63.543.689 euros a 94.024.701 euros. E incluso también lo hacen de manera significativa los llamados “otros ingresos de explotación”, pasando a 6.935.442 euros en 2020, cuando en el 19 fueron de 1.146.332 euros.

La actitud de Ábalos

La investigación de ESdiario ha arrojado un dato sorprendente y que el Gobierno ha ocultado a sabiendas. Si la viabilidad económica de la compañía, valorada positivamente según unos informes financieros que aún se mantienen en secreto a pesar de algunas filtraciones; su posición real de complicidad con Plus Ultra aparece consignada en la documentación oficial del expediente, en posesión de este periódico. Y tuvo en Ábalos a su principal "cabecilla".

Así, el entonces Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afirmó en rueda de prensa no saber nada de este rescate, a pesar de que fue el Consejo de Ministros el que autorizó la operación y, por tanto, había tenido pleno acceso a la totalidad del expediente.

Una Dirección dependiente de Ábalos reconoce a ESdiario que todo se "escondió" apelando a una Ley de Franco de 1968

"Imagino que ha sido aprobado por el gestor del fondo del programa -de rescate de empresas de la SEPI- y que tiene todos los requisitos legales para ello", argumentó en primavera el ministro para, acto seguido, insistir en que "no puede decir más" porque no conocía nada más.

Días después, en concreto el 25 de mayo, compareció en el Senado y cambió de versión, asegurando de repente que había "averiguado" que "efectivamente ha habido dos informes pedidos directamente por la SEPI ". Pero, según su versión, lo que ha descubierto es que sus subordinados lo enviaron a la SEPI sin informarle. "No pasaron por mis manos, no tuve conocimiento", recalcó.

La gran mentira de Ábalos

La investigación de ESdiario arroja un dato hasta ahora desconocido que deja en evidencia al ministro y, de algún modo, al conjunto del Gobierno. Así, desde la Dirección General de Aviación Civil , perteneciente a su Ministerio, y con fecha 5 de julio, se manifestó que los polémicos informes cuya existencia Ábalos afirmó no conocer para después añadir que habían sido elaborados por altos cargos de su ministerio y que habían sido nombrados por el Partido Popular, se hallaban protegidos nada menos que por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Así se afirmaba en ese documento en poder de este periódico, que reproduce parcialmente en esta información.

El documento que prueba que el Ministerio no solo conocía el expediente de Plus Ultra, sino que además lo escondió como "secreto oficial" 

El "carácter reservado" de estos documentos determina que solo pueda concederse el acceso a los mismos en los casos y condiciones establecidos en la "normativa vigente", según señala el citado artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020.

Destituido por Sánchez poco después

Esa apelación a la “normativa vigente”, referida a un documento de "carácter reservado", apela a la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales aprobada en tiempos de Franco, que es la normativa que regula esa clase de documentos. En concreto, la categoría de los documentos reservados se establece en el artículo 3 de esta Ley: "Las «materias clasificadas» serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran".

Apenas unos días después, Ábalos, sin que fuera consciente de que iba a ser laminado, fue destituido por Sánchez sin ninguna explicación. Pero ya había hecho el "trabajo": Plus Ultra recibió el rescate y, pese a la cadena de negativas públicas del Gobierno, lo logró con la participación directa del ministro y una apuesta por ocultar los detalles que ahora, al fin, ha saltado por los aires.