El pacto del PP con el PSOE desmonta la estrategia de Sánchez contra Casado
El Gobierno se ha quedado sin argumentos, la ciudadanía ha podido contemplar que hay margen para los pactos entre los principales partidos y no tener que depender del independentismo.
Pedro Sánchez y Pablo Casado en una imagen de archivo
Tal y como estaba previsto, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para renovar cuatro órganos relevantes en el ordenamiento constitucional: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Algo que hace un mes parecía imposible y que, de manera repentina, quedó atado hace una semana y anunciado en la noche del jueves.
El pacto en sí desmonta uno de los mantras del Gobierno con el que ha intentado justificar otros acuerdos políticos o sus decisiones unilaterales en asuntos cruciales, según explican fuentes del PP a ESdiario.
"Queda claro que con la oposición sí se puede pactar; que tiene alternativa a su alianza con Podemos, Bildu o ERC y que no ha querido buscar ese consenso", y citan temas tan cruciales como la Ley Educativa; la reforma laboral o las pensiones. ¿Cómo va a explicar Sánchez en adelante su negativa a dialogar con el PP? Ya nunca podrá decir que no le quedaba más remedio que entregarse a pactos con Podemos o el independentismo.
Entrando en materia, lo más relevante es la renovación del Tribunal Constitucional con cuatro magistrados nuevos que, de momento, mantienen los bloques actuales: la entrada de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, a propuesta del PP; y de Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, designados por el PSOE, no varía la mayoría conservadora en el órgano, al menos hasta junio de 2022.
El juez Sáez se "reprimirá" en en Constitucional para ser un magistrado más académico y menos ideológico pese a su cercanía a Baltasar Garzón
Sobre el juez Sáez, a quien se considera en medios judiciales y políticos "muy ideológico", la sensación es la contraria: en el Constitucional se "reprimirá" y dará paso a un magistrado más académico, por mucho que sus orígenes sean los que son y su amistad con Baltasar Garzón cree recelos.
Llegado ese momento la próxima primavera, si se ha renovado ya también el Consejo General del Poder Judicial y se procede al nombramiento de otros cuatro magistrados del Constitucional (dos a propuesta del Gobierno y otros dos del CGPJ), sí se produciría ya un cambio de mayorías y el bloque progresista sería dominante en el Tribunal de Garantías.
El pacto en el Constitucional obliga a otro pacto en el Poder Judicial, probablemente con la ley vigente y la aprobación de una reforma legal para que, en adelante, los propios jueces elijan a la mitad más uno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces: si el PSOE no llega a un acuerdo con el PP, se encontrará con una mayoría conservadora en el Constitucional y un Consejo General bloqueado eternamente.
La política sigue estando presente en los nombramientos
Sobre los magistrados elegidos, dos lecturas: no ha sentado muy bien en el Tribunal Supremo, que tradicionalmente ha sido la cantera del Constitucional y no aporta en este caso ningún magistrado. Todos han sido vocales del Poder Judicial, pero proceden de la Audiencia Nacional o de Audiencias Provinciales, a excepción de Arnaldo; algo que suele parecerle “poco” al Supremo.
Y segunda lectura: la política sigue estando presente en los nombramientos. Eso no tiene que ser necesariamente malo, pero demuestra que, al final, ni el PSOE ni el PP se resisten a tutelar los órganos constitucionales.
Para la izquierda, Arnaldo y Espejel son dos magistrados militantes en el centroderecha, fruto de la cercanía del primero a la FAES de Aznar y de la recusación de la segunda en un juicio de la Gürtel por su cercanía al PP.
Y para la derecha, Montalbán es casi una activista de la “ideología de género” (fue presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género) y Sáez (elevado en su día al CGPJ por IU) la cuota camuflada de Podemos, amigo íntimo de Baltasar Garzón y conocido por sus sentencias ideológicas.
Ahora queda por aclararse quién será el presidente y cómo afecta la renovación a resoluciones tan importantes como la del segundo Estado de Alarma: ambas dudas podrían resolverse de inmediato o demorarse a la renovación completa del Constitucional y, antes, del Poder Judicial.
Las dudas, pues, son razonables, pero es imposible que un tribunal encargado de tutelar la Constitución no tenga un claro componente político. La elección de Ángel Gabilondo y Teresa Jiménez Becerril para el Defensor del Pueblo demuestra, no obstante, que es compatible tener una clara adscripción política con desempeñar cargos institucionales con autoridad moral y capacidad personal más allá de las siglas.
Son dos personas de consenso, no en vano, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a las gruesas palabras pronunciadas en la campaña electoral, apoya el nombramiento del que fuera su rival en las urnas, según señalan fuentes de la negociación.
Los políticos, fuera de los tribunales
Por otra parte, en cuanto a la renovación del Tribunal de Cuentas, una de las prioridades era la salida de Margarita Mariscal de Gante, pues según fuentes del PP "era necesaria para conseguir la salida de los tribunales de los expolíticos".
Desde algunos sectores, se ha intentado escenificar que la salida de la ministra de Justicia del primer gobierno de Aznar del órgano era una cesión a Sánchez, sin embargo, los populares sostienen que su marcha es un ejemplo más de su intención de acabar con la politización de la Justicia.
De hecho, una vez que se han consumado estos cambios desde el PP han mostrado su satisfacción ya que, tal y como ha destacado Teodoro García Egea en Onda Cero,"Pablo Casado lleva tres años defendiendo la independencia y despolitización de los órganos y hay esperanza, por primera vez tenemos órganos constitucionales renovados sin presencia de expolíticos y con profesionales de reconocido prestigio".
El siguente paso, la renovación del CGPJ
Ahora queda la segunda parte de la negociación y, quizás la más compleja, la renovación de CGPJ, y se abordará con la misma intención, alejando a los expolíticos del órgano de control de los jueces, "para que tenga un marco que no solo pide el PP, sino también Europa, y que al final va a avanzar hacia el estándar europeo", ha señalado García Egea.
Y es que, esa es la prioridad de los populares, una vez que se ha demostrado que Sánchez tiene más opciones de pacto que no sea mirando hacia el independentismo más radical, sino que el principal partido de la oposición está dispuesto a acordar y a tender puentes, si al otro lado también hay alguien.