PDVSA renueva su defensa a Ilocad mientras EEUU le acusa de financiar las FARC
ESdiario ofrece nuevas revelaciones y pruebas de los negocios del exjuez relacionados con el régimen chavista coincidiendo con el affaire del "caso Carvajal".
El exjuez Baltasar Garzón.
El pasado 2 de noviembre PDVSA, la petrolera venezolana, presentaba en la Audiencia Nacional un poder para ratificar que los abogados de Ilocad (bufete de Baltasar Garzón) continuarían ejerciendo como su acusación en el saqueo de su filial Bariven. Ocurría días después de que el autor de este artículo desvelase una orden de pago en 2016 de 9 millones de PDVSA en favor de Ilocad para tal pleito. La Justicia española tiene tal documento y una acusación de EEUU contra PDVSA por financiar a las FARC, la guerrilla colombiana.
La versión de Ilocad (que nunca fue contratada por PDVSA para ejercer su defensa en España, sino por el bufete norteamericano Squire Patton Boggs), discurre en paralelo a hechos aparentemente contradictorios.
En 2017 el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino (hoy en el banquillo por corrupción como gestor público), firmaba a letrados de Ilocad un poder para presentar una querella contra los presuntos autores del saqueo de Bariven. Los acusados alegaron que del Pino carecía de potestad jurídica para realizar tal encargo.
Pero tal otorgamiento de poderes arrojaba varios hechos relevantes: PDVSA tenía una relación directa con Ilocad. No cedía el poder para pleitos a Squire Patton Boggs, sino a Ilocad, cuyos letrados tenían que consultar directamente con el presidente de PDVSA las cuestiones más trascendentales del proceso.
En segundo lugar, dicha escritura notarial ratificaba la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del “prestigioso” Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para “coordinarse con jueces y fiscales” y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad.
Es lo que ratificó notarialmente en 2017 y acabó ocurriendo. Y hoy, no sólo sigue vigente, sino que lo ha reactualizado hace unos días con un nuevo otorgamiento de poderes.
Esto aclara aún más la conexión Ilocad/PDVSA. Tanto da si hubo o no subcontratación de Ilocad a través de Squire Patton Boggs, el cliente final era y es PDVSA y el dinero era y es de PDVSA. Ilocad asegura que nunca facturó los 9 millones de euros consignados en el documento aportado por el Pollo Carvajal a la Audiencia Nacional, ni negoció ninguna coordinación con jueces o fiscales, pero no precisa la cifra “muy inferior” que facturó ni PDVSA aclara cuál fue el reparto de los nueve millones de euros públicos habilitados si no fueron a las arcas de Ilocad.
Paradójicamente, mientras la Fiscalía española, en manos de la pareja de Garzón, Dolores Delgado, no muestra interés alguno por tal orden de contratación de la petrolera estatal venezolana ni por su monto ni por sus clausulas, sí da por buenas las pruebas contra PDVSA cuando sirven para empacar a Hugo Carvajal con destino a EEUU.
Las “pruebas” de EEUU para extraditar a Carvajal que juzgan creíbles Gobierno, Judicatura y Fiscalía contienen la siguiente frase: “Otro testigo contra Carvajal fue un miembro del Ejército de Venezuela asignado como seguridad para Hugo Chávez entre 2008 y 2013 cuando Diosdado Cabello era el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (testigo 2).
Aproximadamente a mediados de 2008, el testigo 2 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín y el cabecilla de las FARC Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Durante la reunión, el testigo 2 escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela, PDVSA”.
Esta acusación verbal, entre otras, le vale a El Pollo Carvajal un billete de avión para una prisión de Estados Unidos, viaje congelado sólo por recursos pendientes de su defensa.
Pero sus acusaciones de supuestos pagos de PDVSA irregulares, a su juicio, a bufetes o dirigentes de Podemos ni se traducen en diligencias investigativas ni en su permanencia como testigo en España. En un mismo momento, la Justicia española ve digna de sospecha a PDVSA y fuera de toda sospecha.