La juez acelera la causa de PDVSA, la petrolera chavista defendida por Garzón

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha decidido acelerar la causa referida a la petrolera venezolana PDVSA, la misma empresa que cuenta con el exjuez Baltasar Garzón como uno de sus abogados de cabecera, tal y como ha venido informando en exclusiva ESdiario. La magistrada ha apostado por dividirla en tres piezas distintas debido a la "complejidad" que presenta y a fin de agilizar las pesquisas.

Así, según un auto del 3 de noviembre, la magistrada investigará en la pieza 1 los hechos denunciados en una querella formulada por PDVSA contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.

En una segunda pieza, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 indagará en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela".

Y, por último, en la tercera pieza, Tardón investigará los hechos recogidos en un informe de octubre de 2018 firmado por la UDEF que apunta a la existencia de "una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales" que habría sido realizada por el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos para lavar "fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude" en PDVSA.

Garzón, como abogado de la petrolera

Tal y como ha ido informando Francisco Mercado en ESdiario, la implicación del exjuez Baltasar Garzón es más que evidente en este asunto. El pasado 2 de noviembre PDVSA, la petrolera venezolana, presentaba en la Audiencia Nacional un poder para ratificar que los abogados de Ilocad (bufete de Baltasar Garzón) continuarían ejerciendo como su acusación en el saqueo de su filial Bariven. Ocurría días después de que el autor de este artículo desvelase una orden de pago en 2016 de 9 millones de PDVSA en favor de Ilocad para tal pleito. La Justicia española tiene tal documento y una acusación de EEUU contra PDVSA por financiar a las FARC, la guerrilla colombiana.

La versión de Ilocad (que nunca fue contratada por PDVSA para ejercer su defensa en España, sino por el bufete norteamericano Squire Patton Boggs), discurre en paralelo a hechos aparentemente contradictorios, pues existe un poder que arroja varios hechos relevantes: PDVSA tenía una relación directa con Ilocad. No cedía el poder para pleitos a Squire Patton Boggs, sino a Ilocad, cuyos letrados tenían que consultar directamente con el presidente de PDVSA las cuestiones más trascendentales del proceso.

En segundo lugar, dicha escritura notarial ratificaba la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del “prestigioso” Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para “coordinarse con jueces y fiscales” y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad.

Es lo que ratificó notarialmente en 2017 y acabó ocurriendo. Y hoy, no sólo sigue vigente, sino que lo ha reactualizado hace unos días con un nuevo otorgamiento de poderes que ponen a Garzón como principal defensor de las actividades ilícitas de la petrolera.