La Fiscalía sale en auxilio del Gobierno para dar carpetazo al caso Plus Ultra
El gobierno consigue salir airoso gracias a la fiscalía por el rescate de la aerolínea 'Plus Ultra'
María Jesús Montero y José Luis Ábalos
La Fiscalía de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid el sobreseimiento provisional de las actuaciones en el denominado 'caso Plus Ultra' al concluir que no existen elemento contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus informes anteriores. La Fiscalía adoptado esta decisión tras evaluar el último informe pericial aportado a la causa por un equipo de peritos a petición del magistrado instructor.
El Ministerio Público ha subrayado en su escrito que las dudas que sostiene el perito sobre la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia.
En este sentido, ha insistido en que el análisis efectuado por el perito "contempla cuatro escenarios posibles, dos de los cuales no permiten deducir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas".
"Por ello y de acuerdo con lo expuesto, el Ministerio Fiscal se considera instruido en el contenido del informe pericial del que se nos da traslado y mantiene el criterio expuesto con anterioridad", ha señalado el Ministerio en el informe.
En el marco del procedimiento, el pasado 9 de agosto el magistrado Jaime Serret, juez sustituto, acordó desbloquear el pago de los 34 millones de euros. El juez consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía "suponer el riesgo de insolvencia definitiva" de la aerolínea, lo que la obligaría a dejar de operar.
Plus Ultra se pronuncia
Este mismo miércoles, la aerolínea ha asegurado en un comunicado que se muestra "satisfecha" con las alegaciones expresadas por la Fiscalía sobre el último peritaje realizado a petición de la juez. Así, la compañía ha insistido en que el informe de los peritos "no certifica el incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas de la SEPI".
La compañía ha asegurado que ha acreditado de "forma íntegra y transparente desde el inicio del proceso en 2020 toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para la concesión de la financiación pública de 53 millones de euros que ha recibido".