La espiral de derroche de Sánchez que tienen que pagar los españoles

Pedro Sánchez no escatima en gastos. Pese a la crisis económica que vive el país, donde las familias cada día ven más complicado llegar a fin de mes, acuciados por la mayor subida de los precios en décadas, el presidente prefiere seguir viajando en Falcon e incrementando la nómina de asesores del Ejecutivo.

De hecho, según ha desvelado La Razón, el presidente puede permitirse el lujo de volar en el avión presidencial una vez cada cinco días, pese a que además, en su plan para 2050 propone eliminar los vuelos de corta distancia porque contaminan demasiado.

En total, Sánchez ha realizado 90 viajes en Falcon desde el 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021, según el listado facilitado por Moncloa que incluye vuelos tanto en España como fuera de nuestras fronteras, por lo que en total acumula 73.905 kilómetros.

De hecho, varios de estos desplazamientos podrían haberse realizado con otros medios de transporte más baratos y ecológicos ya que han sido a lugares próximos como Barcelona, Valencia o Sevilla, que cuentan, además, con la alternativa del tren de alta velocidad. Una recomendación que el mismo Ejecutivo ha dejado plasmada en su plan para 2050 donde aboga por prohibir los trayectos en avión de corto radio para los que haya una alternativa en tren inferior a las 2,5 horas de duración.

Más asesores y altos cargos

Pero a este derroche innecesario hay que añadir el elevado número de altos cargos y asesores que acumula el Ejecutivo, lo que ha llevado a Moncloa a ampliar su crédito para hacer frente a tales pagos en 2,46 millones de euros, según el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adelantado por Voz Pópuli.

Para 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez había previsto un presupuesto de 62,2 millones de euros para hacer frente al pago de asesores, pero ha tenido que acudir a una ampliación de crédito de 1,9 millones, lo que hace un total de 64,1 millones de euros de gasto en asesores.

A esto hay que añadir la enorme partida destinada al pago de los altos cargos, cuya ampliación de crédito asciende a 560.000 euros, por lo que, en suma, el gasto destinado a pagar sus nóminas ha pasado de los 82,3 millones de euros presupuestados inicialmente a los 82,8 millones.

De esta manera queda en evidencia que mientras solo españoles están ahogados por los pagos y las facturas de la luz, el Gobierno sigue derrochando dinero, algo que el líder del PP, Pablo Casado, ha puesto en evidencia, denunciando, además, que el Gobierno "prohíbe debatir nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para bajar 10.000M€ de impuestos y 9.000M€ del recibo de la luz".

De hecho, este viernes el Grupo Parlamentario Popular denunció, a través de su portavoz de Presupuestos, Víctor Píriz, el veto del Gobierno al debate parlamentario del plan fiscal alternativo propuesto por Casado.

En concreto, aseguraron que el Ejecutivo ha remitido a la Cámara un primer listado con las enmiendas a las que no da su conformidad para su debate en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), alegando principalmente que las mismas supondrían una disminución de ingresos o un aumento de gastos.

El Gobierno veta el debate sobre la reducción del IVA, la aplicación de nuevas deducciones fiscales además, de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El Grupo Popular denuncia que el veto del Gobierno supone que se rechacen sus propuestas para la reducción del IVA a la hostelería al 4%, la del IVA de las peluquerías al 10%, o la de las mascarillas y de los pañales al 4%.

También señalan que el veto supone el rechazo a las deducciones fiscales para impulsar la industria del videojuego o la rebaja de 10.000 millones de euros en diversas figuras impositivas que Casado presentó en el Congreso durante el debate de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.

Los 'populares' han denunciado también que entre las enmiendas parciales vetadas por el Ejecutivo en un primer escrito remitido al Congreso, en el que niegan su conformidad con las mismas, se encuentra su reclamación de aumentar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) para dar cumplimiento al acuerdo de equiparación salarial suscrito en marzo de 2018, cuando gobernaba el PP.

A juicio de Píriz, con esta decisión el Gobierno rehúye el debate parlamentario del plan fiscal alternativo del PP, "argumentando que dichas enmiendas suponen una disminución de ingresos para las arcas públicas, cuando las enmiendas del Grupo Popular vienen acompañadas de una reducción similar del gasto".

Así, considera que con ello, el Ejecutivo consigue que las enmiendas "no tengan que ser ni debatidas ni votadas en el trámite parlamentario que comienza el próximo martes y se evitan posibles derrotas aplicando el rodillo parlamentario y unos criterios subjetivos nunca antes vistos", ha añadido.