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Casado exige el 155 ante la rebeldía de Aragonés para acatar al Supremo

El líder de la oposición ofrece al Gobierno los votos del PP en el Senado para que ejecute la sentencia del Supremo que obliga a que un 25% de las clases en Cataluña sean en castellano

Pablo Casado

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Borja Cameselle

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que no ceda ante los independentistas y que haga cumplir la sentencia del Supremo por la que se obliga a que todos los colegios de Cataluña impartan un 25% de las materias en castellano. El líder de la oposición ha ofrecido también su apoyo y los votos de su grupo en el Senado en el caso de que la Generalitat desobedezca y el Gobierno tenga que tomar medidas como la aplicación del artículo 155.

"La Generalitat ha sido irresponsable. Le pedimos a Sánchez que haga cumplir la sentencia (...) está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales. Es su primera responsabilidad como gobernante", ha apuntado Casado. Además, el líder de los populares ha subrayado que "si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer todo lo que esté en su alcance para que se cumpla".

Por ello, Casado ha recalcado que el PP le ofrece a Sánchez sus votos en el Senado "para que el Gobierno de España aplique directamente esa sentencia en la educación en Cataluña", es decir, para que se aplique el artículo 155 de la Constitución. El presidente del PP también ha recordado que la educación "es de titularidad estatal" y que son las comunidades autónomas las encargadas de administrarla.

Por su parte, el Gobierno se ha echado a un lado en la batalla por la "supremacía" del catalán en las escuelas catalanas. La portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, asegura que el Gobierno central no tiene competencias para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que exige que un 25% de las asignaturas se impartan en español.

Desde el Ministerio de Educación solo han confirmado que "están estudiando el caso" a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos del ejecutivo. Pocos actos que se suman a las "esperanzas" del Gobierno para que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cumpla con lo que ha dictaminado el Supremo.

Mientras, la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en Antena 3 ha asegurado que la sentencia del Supremo “es firme” y que si los pasos de la Generalitat no son los correctos “se irán dando pasos” y tomando decisiones al respecto. De momento, por tanto, toca esperar.

Y es que la sentencia respaldada por el Tribunal Supremo y que había ejecutado en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un duro golpe para el gobierno catalán, en manos de los independentistas. Un gobierno que no ha tardado en contraatacar.

La respuesta de la Generalitat: exigir y desobedecer

El presidente catalán, Pere Aragonés, ha exigido a Pedro Sánchez que defienda el modelo educativo actual. Lo ha hecho en Baleares, al lado de la presidenta socialista, Francina Armengol. El presidente de la Generalitat también ha pedido al Gobierno de coalición que no sea "cómplice" del "retroceso" que implica la sentencia del Supremo.

Eso sí, ha asegurado que no delegarán la responsabilidad a los centros educativos. Algo que no se ajusta a lo dicho en las últimas horas por su consejero de educación, Josep González-Cambray. Y es que el consejero, quien ha calificado la decisión judicial como una "injerencia", ha enviado una carta a los colegios de Cataluña en la que se pide que no hagan caso a la última sentencia del Supremo.

Una misiva enviada a 5.108 centros educativos en la que el consejero agradece la "dedicación" de los docentes e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley catalana. En ella también explica que la sentencia "es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos".

González-Cambray matiza además que "esto no va de porcentajes, va de pedagogía", intentado de este modo convencer a los directores de los colegios para que desobedezcan al Supremo. "Que un juez determine de forma arbitraria el porcentaje de horas necesarias para aprender una lengua es una anomalía y representa un desprecio a los profesionales de la educación", ha señalado el consejero, al mismo tiempo que deja caer que este revés judicial no debería provocar "ningún cambio en los proyectos lingüísticos". No lo ordena, pero sí lo recomienda.

De hecho, el propio consejero en una entrevista en RAC-1 este miércoles, intentaba convencer a los centros diciendo que la Generalitat asumirá "las responsabilidades que nos toca" y que los colegios "tendrán el amparo legal" del gobierno catalán. Aunque no dice nada del amparo legal del Supremo, el que tiene la última palabra y ya ha hablado.

Asumiremos las reponsabilidades que nos toquen (...) Tendrán amparo legal

Para terminar de "convencer" a los directores de los centros educativos, el consejero ha apuntado que el gobierno de Aragonés estará "al lado de los docentes", que "pueden estar del todo tranquilos" para "seguir educando como lo han hecho siempre", es decir, imponiendo un 100% de materias en catalán.

Junqueras respalda la desobediencia y tacha la sentencia de "represiva"

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha cargado con dureza contra el Tribunal Supremo por, dice, querer "imponer su voluntad a la mayoría de los catalanes". Para el líder independentista "se utilizan una vez más los aparatos de represión del Estado para imponer su modelo lingüístico a la mayoría de la sociedad catalana".

Junqueras opta por tanto, al igual que el Aragonés, por intentar convencer a los directores de los colegios para que no cumplan la sentencia. Asegura que trataran de seguir el camino de la "cohesión social" que, según ellos, pasa por imponer el 100% de asignaturas en catalán.

Para tratar de argumentar la desobediencia, Junqueras ha acudido al argumento de las urnas tratando de esquivar el legal: "Vemos como este modelo educativo no es discutido en las urnas porque en las urnas no lo pueden discutir porque en las urnas no ganan nunca ni por casualidad. Y utilizan una vez más los aparatos de represión del Estado para imponer su modelo lingüístico a la mayoría de la sociedad catalana".

Y, tras el argumento de las urnas, Junqueras ha acudido al de la represión que, dice, ejerce la justicia contra Cataluña. "Se utiliza la represión para intentar reprimir a aquellos que trabajan por el bienestar de la ciudadanía (...). La represión no nos intimida y sus cárceles, que ya las hemos conocido, no nos dan miedo. Y en defensa de la democracia y en defensa del bienestar de la gente, estamos dispuestos a volver siempre que sea necesario. Convencidos de que nuestra cárcel individual forma parte de nuestro camino colectivo hacia la libertad".

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