Sánchez romperá aún más la "caja única" fiscal para pagarle sus favores al PNV

Pedro Sánchez, a veces, es hombre de palabra. Quiere tener cerca al PNV y por ello, siempre cumple con Urkullu. 200 millones anuales irán a parar a las arcas autonómicas de forma anual gracias a la modificación del concierto vasco, que supone la transferencia de la recaudación de tres impuestos, las tasas Tobin y Google y del IVA por las compras a distancia.

La modificación del 'exclusivo' sistema de financiación vasco se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, según ha avanzado la Cadena Ser. Un anteproyecto de ley que permitirá seguir engrosando las arcas vascas gracias a la cesión de tres tributos, una más de las contraprestaciones de Sánchez a los nacionalistas, pero que en este caso no tienen que ver con el 'sí' del PNV a los presupuestos, sino que viene de mucho más atrás: del mes de julio.

El jefe del Ejecutivo había organizado para entonces una Conferencia de Presidentes en Salamanca, una reunión marcada por el enfado del PP por la falta de contenido y de preparación de la misma, pero que también estaba en el punto de mira por el trato preferencial para dos comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco, ya que ambas habían arrancado al Gobierno una reunión exclusiva con la que tratar asuntos de forma 'bilateral' si la presencia del resto de los líderes autonómicos.

En el caso catalán, Aragonés ni siquiera fue a la cumbre salmantina, pues ya tenía amarrada su 'mesa', mientras que Urkullu amenazó con no acudir hasta que consiguió que un día antes se celebrase una reunión de la Comisión Mixta del Concierto.

200 millones más, al año

Y fue ahí donde el Gobierno se comprometió a seguir cediendo impuestos a las haciendas vascas, con la intención de evitar un desplante similar al del presidente catalán. En total, según las estimaciones del Ejecutivo vasco, se ingresarán alrededor de 200 millones anuales gracias a la recaudación de la tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, -la tasa Tobin-, y el IVA del comercio electrónico.

Aún así, las contraprestaciones de Sánchez al PNV no cesan, ya que en el marco de negociación del 'sí' a los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ha seguido con las cesiones a los nacionalistas, a pesar de que han mostrado su malestar y esperan seguir obteniendo más beneficios durante su tramitación en el Senado.

El PNV espera seguir arrancando compromisos al Gobierno durante la tramitación de los Presupupuestos Generales del Estado en el Senado

De hecho, el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban, presumió este jueves de que para no haber cerrado un acuerdo sobre las cuentas públicas, el balance de la negociación es muy positivo. A su juicio, "si se hace un análisis" de lo que ha logrado su partido y de los "llevan otros", es "sorprendente" que se diga que el PNV no ha jugado bien sus cartas.

Así, ha vuelto a sacar pecho por haber logrado que le acepten 44 enmiendas y haber conseguido el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Estoy contento, tranquilo y satifecho", ha indicado.

Además, ha recordado que queda el trámite en el Senado. "Espero que esto no haya acabado y creo que no ha acabado", ha comentado, admitiendo que en lo que queda de negociación podría incluso alcanzar algún pacto extrapresupuestario con el Ejecutivo.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno sabe que hay un tema que les "preocupa" especialmente y que tiene resolverse antes de que acabe el año y no ha querido adelantar si el PNV podría virar y votar contra la cuentas en el Senado si no cierra un acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad. "No voy a dar la alineación de mi equipo antes de salir al campo", ha zanjado.

La financiación autonómica, nuevo frente abierto

Pero mientras el PNV sigue arañando dinero al Ejecutivo, el resto de las comunidades está en pie de guerra por la modificación del sistema de financiación autonómica. De hecho, la próxima semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé remitir su propuesta de población ajustada para definir la financiación de las comunidades del régimen general (todas menos País Vasco y Navarra).

Será entonces cuando cada autonomía haga sus aportaciones aunque los bloques están claros. Uno de estos grupos está conformado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, conocidas como comunidades "infrafinanciadas" que defienden una reforma en la que se prime el criterio de población ajustada.

Por otro lado, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que buscan una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.

Y por último el bloque conformado por las regiones que se reunieron esta semana en Santiago de Compostela. Allí, encabezados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, de Aragón, Javier Lambán, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de La Rioja, Concha Andreu, acordaron hasta 35 puntos en común mientras que han dejado 12 en el camino, provocando el del lobo la mayor de las discordias con reproche público incluido del presidente cántabro, Revilla, a la posición de Extremadura y La Rioja que no han secundado la propuesta de Cantabria.

Reclaman un modelo de financiación en el que todas las regiones “puedan prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios”, haciendo incidencia en un ámbito como la despoblación o el envejecimiento de los ciudadanos, al incluir la necesidad de tener en cuenta un nuevo grupo de edad, la población de más de 85 años, como factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el modelo de financiación. Este nuevo grupo de edad serviría para testar no sólo cuánto cuesta el servicio sanitario, sino además el sistema de dependencia.