Otra revuelta contra el Gobierno: huelga general en Justicia el próximo viernes
El Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía y los juzgados de toda España se verán afectados por un paro general en el sector que señala a la ministra Pilar Llop.
La ministra de Justicia, Pilar Llop.
Ganaderos, agricultores, peluqueros, transportistas y funcionarios de Justicia. Con un matiz, estos últimos convocan la primera huelga general sectorial contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras y UGT han convocado una jornada de huelga general para este próximo viernes a raíz del conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia por la subida salarial que se vio frustrada ante la negativa del departamento dirigido por Pilar Llop de cumplir con el acuerdo al que habían llegado.
En un comunicado, Comisiones Obreras ha avisado de que la convocatoria "provocará el cierre de órganos centrales como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado, así como de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios" en los que incluye el Instituto Nacional de Toxicología y los Registros Civiles, los Institutos de Medicina Legal de Castilla y León, Región de Murcia, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.
Así, está previsto el cierre en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia, "salvo para el cumplimiento de los servicios mínimos que serán negociados en los próximos días".
Según ha señalado CCOO, la huelga "también afectará al resto de territorios", ya que ha sido convocado el colectivo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, responsables funcionales de las oficinas judiciales de todo el Estado radicadas o no en comunidades autónomas con competencias transferidas.
Los sindicatos han acusado al Gobierno de incumplir el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre en la mesa de negociación que aproxima las retribuciones del personal a las que se perciben en las comunidades autónomas con competencias transferidas.