La cuenta atrás de Bruselas con la reforma laboral mete presión a Yolanda Díaz

Como los malos estudiantes, el Gobierno llega a su examen más importante con los deberes sin hacer, intentando estudiar a última hora para tratar de no poner en riesgo el curso entero. El problema es que, en esta nueva demostración de improvisación en La Moncloa, el profesor se llama Bruselas y el examen, 140.000 millones de euros para evitar que España se hunda tras el tsunami provocado por la pandemia. Un fondo condicionado al cumplimiento del plan de reformas presentado en las instituciones europeas.

Este miércoles es 1 de diciembre y se ha activado la cuenta atrás para que Nadia Calviño presente en la Comisión Europea su nueva reforma laboral, sin duda la condición más importante del memorándum que España ha firmado con la UE a cambio de recibir el multimillonario fondo anti Covid para el rescate de la economía española.

Y cabe reseñar que Bruselas pone tan solo una exigencia en este asunto capital, que la nueva legislación laboral sea acordada por "todos" los agentes sociales.

Moncloa está obligada a presentar en Bruselas su nueva legislación laboral pactada. Pero, tras marear la perdiz durante meses, no la tiene y el tiempo se le ha echado encima.

Ocurre, sin embargo, que Sánchez llega a esta inquietante cuenta atrás incapaz de consensuar un texto, tras dejar la negociación en manos de Podemos (Yolanda Díaz) y ninguneando y desafiando en todas las citas hasta ahora, a los empresarios.

"El problema es que, en toda esta carpeta, el Gobierno se ha movido por puros y exclusivos criterios ideológicos, derogando el legado del PP sin tener una alternativa razonable y viable para un acuerdo entre todos", explican a ESdiario fuentes de la CEOE. Más aún, cuando es la posición de la Patronal la que está más en sintonía con la frecuencia que emite Europa.

Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión, Úrsula Von del Leyen, con el Plan de España para obtener el fondo Anticovid.

Así que con la inflación disparada y una crisis de materias primas rampantes que auguran paro y estancamiento, Sánchez tan solo ha movido ficha para aumentar los costes de los empresarios y de los autónomos para compensar el enorme vaciado de las arcas públicas tras las cesiones obligadas de la coalición PSOE-Podemos con Frankenstein.

Calviño ha ordenado en estas últimas horas a Yolanda Díaz que se deje de maximalismos y negocie sin pausa para cerrar un acuerdo con la CEOE tras darle la espalda permanentemente y primar las exigencias de UGT y CC.OO., a cambio de que estos no contribuyan a propagar el incendio que crece día a día en la calle.

Los empresarios denuncian que Díaz no tiene más plan que tumbar la reforma de Fátima Báñez. Y se han plantado porque no quieren ser cómplices del desastre que puede avecinar con las señales que lanza la economía mundial.

Los empresarios se han plantado ante los bandazos de Trabajo porque las previsione económicas de Sánchez ya nadie se las cree. Ni dentro, ni fuera.

Así que los empresarios han dado un golpe sobre la mesa con su propia propuesta de reforma laboral. Se oponen frontalmente a cualquier límite a la contratación temporal como pretende imponer Díaz de la mano sindical. Tampoco aceptan ahora modificar la causalidad para los despidos. Y también rechaza elevar las cotizaciones para contratos eventuales, los que pueden salvar el empleo en este tiempo de incertidumbre.

A Sánchez se le acaba el tiempo y va a tener que tomar una decisión complicada: si apartar definitivamente a Díaz de las negociaciones para que Calviño logre in extremis el aprobado en Bruselas. O arriesgarse a que el suspenso del Gobierno sea finalmente el suspenso de España.

De momento, la mesa de diálogo ha intensificado las negociaciones con tres reuniones, las dos habituales del miércoles y el viernes, más la celebrada este martes. El objetivo es cumplir con los plazos y tener aprobada la reforma laboral antes de que termine el año, como compromiso del Ejecutivo obligado con Bruselas para la recepción de los anhelados 140.000 millones de los fondos europeos.

El Gobierno mantiene su propósito de alcanzar un acuerdo tripartito, con la firma de CEOE y los sindicatos. Sin embargo, ni las posiciones de UGT ni las de CCOO se acercan a la de la última propuesta presentada por los empresarios, que siguen defendiendo la reforma laboral de 2012 y su funcionamiento.