Piden que Díaz declare ante el juez del 8-M por su confesión sobre el Covid

Las palabras de Yolanda Díaz sobre que ya advirtió en el Consejo de Ministros de la dimensión de la pandemia pueden tener consecuencias para la vicepresidenta tercera. La asociación Afectados para la Gestión del Coronavirus (AGG) ha solicitado a la juez Carmen Rodríguez-Medel la reapertura de la investigación por un presunto delito de prevaricación al permitirse la manifestación del 8 de marzo y que se cite a declarar a Díaz por sus recientes declaraciones acerca del inicio de la pandemia en España.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, la asociación presidida por Víctor Valladares pone el foco en la guía que el Ministerio de Trabajo presentó el 4 de marzo y en el que se advertía de "la necesidad del empleo de mascarillas quirúrgicas y la separación interpersonal de dos metros". "Esto es, directamente lo contrario a lo que sucedió al celebrarse la marcha multitudinaria del 8M", critican.

Díaz, en una entrevista en Radiocable, explicó que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia "azotaba fuertemente a Italia" y que podía pasar también en España. Semanas más tarde su departamento presentó la citada guía de prevención que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno llegando a que algunos le tildasen de "alarmista".

"¿Qué ha ocurrido con ese informe o procedimiento al que se refiere la vicepresidenta segunda del Gobierno? ¿Qué se hizo con él en el Consejo de Ministros celebrado el día 3 de marzo de 2020 y a cuya referencia se dedicó tres líneas (el título del mismo)? ¿Se remitió a qué instituciones y personas? ¿Qué utilidad se le dio por parte del Gobierno de España?", se pregunta la asociación en su escrito.

Para la AGC "la contestación a todas estas cuestiones es sumamente importante y de tan extrema gravedad que ha de suponer la reapertura del presente procedimiento" y que fue archivado el pasado 11 de junio.

Rodríguez-Medel decretó el sobreseimiento provisional de la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo al no ver indicios suficientes de delito.

Pero la asociación recuerda que el resultado de este tipo de sobreseimiento es que paraliza el procedimiento, que puede ser reabierto si aparecen indicios que acrediten la realización del delito o permitan relacionarlo a una persona en concreto como, a su juicio, ocurre ahora con la vicepresidenta.