La justicia respalda a la familia de Canet y Aragonés mantiene su desprecio

La familia del niño de Canet, en Barcelona, que simplemente pidió que su hijo pudiera estudiar un 25% de las asignaturas en castellano, tal y como ha exigido el Tribunal Supremo a la Generalitat, está viviendo una semana de continuo señalamiento. Primero fue por parte del gobierno catalán, por parte de la Consejería de Educación, que aseguraba que el colegio tenía el derecho a ofrecer el catalán como lengua vehicular en todas las asignaturas.

Y ahora, son asociaciones de estudiantes y de padres que cargan con dureza contra el niño y contra la familia. Y es que la zona costera de Canet de Mar es pequeña y no es difícil reconocer a sus 14.000 habitantes, y más sin no son nacionalistas. Hay que recordar que en esta zona la mayoría de ciudadanos son independentistas y hasta llegaron a poner en sus playas cruces amarillas a favor de la independencia catalana.

El menor está escolarizado en un colegio, el Turó de Drac, con 20 clases que esta semana han aparecido pintadas con frases que exigen la educación exclusivamente en catalán. Hasta tal punto que se llegó a presentar el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, para fomentar el malestar entre el profesorado y las asociaciones independentistas. Unas organizaciones que ya han avisado que se manifestarán en contra del castellano y de la familia que ha pedido su uso en un 25%.

Algo que ha visto con buenos ojos el gobierno de Aragonés. Hasta el consejero de educación llegó a decir que “nosotros somos los de la democracia y, por tanto, que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho", todo ello a las puertas del colegio.

Según recoge el diario “El Mundo”, la presidenta de la asociación de madres y padres del centro ha defendido que el proyecto lingüístico “está escogido” y que tienen que “velar por que ese proyecto sea unitario”. “Es el que tendrían que tener todos los niños de la escuela y no tendría que romperse por un interés particular", ha asegurado la presidenta, Mónica Ruz. Una manera de intentar esquivar la orden del Supremo de que un 25% de las clases se den en castellano y que pasaría por aplicar el idioma común solo en espacios lúdicos y no en materias fundamentales.

La presidenta de la asociación de madres y padres del colegio: "Todos los niños tendrían que tener el mismo modelo (...) y no tendría que romperse por un interés particular"

El diario recoge también el testimonio de una de las madres del colegio, que ha denunciado que hay "ultras" nacionalistas que están desarrollando una absoluta persecución a una familia “que decide denunciar algo que no le gusta". "Los aíslan, los amenazan, los señalan. No hay nada más horrible que ser señalado. No me voy a meter en si hay que hacer el 25% de clases en castellano, pero que se margine a una familia por defender sus derechos es una vergüenza", ha explicado.

La justicia exige que se respeta a la familia

Un hecho que ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitir un dictamen de forma provisional al consejero de Educación de la Generalitat y a la dirección del centro del joven para que adopten “las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad” del alumno.

Además, la justicia ha exigido que las autoridades y el centro garanticen "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”. Una mediación de los tribunales después de que la familia acudiese a ellos, ya que están siendo víctimas de un señalamiento y “ataque” político del entorno nacionalista. El juez también ha ordenado que tanto el colegio como la Generalitat ofrezcan a la familia todas las herramientas de “protección, asesoramiento, acompañamiento e información”.

Por su parte, el Gobierno ha defendido “a medias” a la familia. En el caso del ministro de consumo, Alberto Garzón, ha señalado que el gobierno de Aragonés debe hacer caso a la justicia pero ha espetado en TVE que no está de acuerdo con las formas y con el mensaje que ha transmitido la familia a la hora de pedir que se imparta el castellano para su hijo.

“Cualquier tipo de acoso tiene que ser condenable. En democracia todos tenemos que expresar nuestras opiniones en libertad (…) Yo no comparto el criterio que utiliza la familia porque yo no creo que el español esté en peligro”, ha asegurado el líder de Izquierda Unida en una entrevista en la que también ha defendido que el Gobierno buscará siempre “acercar posturas con otras formaciones”, en clara referencia a los pactos del Gobierno con Esquerra para el visto bueno de los presupuestos.