Sánchez ultima la ley para "vaciar" Madrid llevándose a miles de funcionarios

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una de las reformas más grandes en cuanto a trabajo en remoto se refiere. Pretende que todos los funcionarios que vayan a pueblos o comarcas deshabitadas de España puedan trabajar hasta un 90% del mes de forma telemática. Y ojo, porque si se cumplen una serie de requisitos, como malas conexiones terrestres, lejanía concreta o una nueva pandemia, podría ser hasta un 100%.

Es lo que recoge el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo, adelantado por Expansión, que también añade la posibilidad de que los funcionarios trabajen de manera remota tres días por semana de forma ordinaria. Una legislación impulsada desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, y que todos los funcionarios podrían solicitar, en principio, durante un máximo de 2 años.

"La tecnología ha sido una herramienta clave para seguir trabajando ante la situación generada por el Covid-19, demostrando que favorece transformaciones que redundan en la mejora de la eficacia, el bienestar de las empleadas y los empleados públicos y la creación de una administración digitalizada, más abierta y participativa", recoge el proyecto de ley.

El borrador asegura que respeta todos los pactos alcanzados con los sindicatos de empleados públicos y recalca que "la modalidad general consistirá en la prestación mediante teletrabajo de un total de tres días cada semana, debiendo acudirse presencialmente dos al centro de trabajo”. Aunque hay matices: el teletrabajo no es un derecho recogido, de momento. Solo podrá ofrecerse, de hecho, para aquellos puestos “susceptibles de ser desempeñados a distancia por medios telemáticos”.

En cuanto al tiempo máximo en el que un funcionario podrá acogerse al trabajo de forma telemática, es de dos años aunque, de nuevo, vuelve a haber excepciones. Si hay voluntad persistente del trabajador de seguir teletrabajando una vez que esos dos años ya hayan finalizado, se podrá enviar una nueva solicitud oficial antes de que concluya el plazo inicial para que la Administración pueda evaluar el caso, siendo posible el visto bueno.

Una estrategia de Sánchez para descentralizar el Estado

Pedro Sánchez está decidido al famoso proceso de “descentralización” de las instituciones y el teletrabajo es una medida “jugosa” para que los funcionarios puedan disfrutar de mejores condiciones en lugares dispersos del territorio. Algo positivo para ellos pero negativo para comunidades como Madrid que concentra la mayor densidad de funcionarios de España.

Con este movimiento, el Gobierno saca a Madrid diversas administraciones, o por lo menos funcionarios de las mismas, para repartirlas por el resto de comunidades autónomas. Un gesto que responde más a un interés político que logístico y bajo el que subyace la intención de frenar a Isabel Díaz Ayuso.

La clave la dio Ximo Puig hace tiempo, cuando planteó que Madrid crecía económicamente gracias a su efecto de 'capitalidad', para lo que propuso poner un impuesto especial, que fue secundado desde algunos sectores del Gobierno, como el ministro José Luis Escrivá. Un globo sonda, de los muchos que lanza el Ejecutivo, que se saldó con unn nuevo enfado de la presidenta regional, que denunció un enésimo ataque a Madrid.

Desde Moncloa no niegan tampoco este proceso. Según el presidente, "es de justicia que entre todos los territorios abramos un debate sereno, leal, pero también honesto de la necesidad de que muchas de las instituciones públicas salgan de la capital de España. Me parece un debate sano y necesario”.

Es de justicia que entre todos los territorios abramos un debate sereno, leal, pero también honesto de la necesidad de que muchas de las instituciones públicas salgan de la capital de España

"Es un debate sano y necesario que nosotros ya hemos empezado a hacerlo con el centro de capacidades digitales de Renfe que está hoy en Miranda de Ebro (Burgos), con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León o con el centro de datos que la Seguridad Social abrirá en Soria”, ha recalcado.

Y es que, parece que todo esta decidido. El Gobierno seguirá con su plan de sacar las instituciones de Madrid, revistiéndolo de equidad y con la intención de fortalecer a algunos de sus barones, a la vez que intenta frenar la pujanza económica de Madrid, socavando al Ejecutivo de Díaz Ayuso. Aunque la presidenta madrileña ya ha avisado y no dejará que Sánchez consume su nuevo "ataque a Madrid" y ya avanzó que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo".