Abel Caballero "escurre el bulto” y evita hablar de los "enchufes socialistas”
El alcalde de Vigo ha aplazado un pleno sobre el enchufe de la cuñada de la presidenta socialista de la Diputación de Pontevedra
Después de recorrer todos los platós de televisión para intentar hacerle la competencia a Miguel Ángel Revilla, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha evitado una vez más hablar de los casos de corrupción que acorralan al PSOE de Vigo y Pontevedra. Y es que el alcalde de “las luces” de Vigo, ha aplazado la fecha de un pleno muy importante para la ciudad.
Se trata de un pleno solicitado por la oposición para que el alcalde dé explicaciones sobre el enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva (PSOE), en esa administración. Un enchufe que se ha producido durante el mandato de la que fue mano derecha del alcalde vigués y que la justicia ha avalado.
Según denuncian el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), esta sesión estaba prevista para este miércoles, después del pleno ordinario, pero se ha aplazado hasta el próximo mes de enero porque, presuntamente, Abel Caballero, está aislado tras dar positivo uno de sus colaboradores estrechos.
Sin embargo, miembros de la oposición del ayuntamiento de Vigo no entienden por qué no se puede realizar ese pleno extraordinario con Caballero presente de forma telemática. Algo que sería entendible, teniendo en cuenta que el socialista no está enfermo por covid ni mucho menos tiene síntomas.
Ese pleno tendrá por tanto que esperar a que se produzca y a que se exprese el rechazo de los partidos de la oposición a las prácticas "corruptas" y el “enchufismo" del PSOE. En ese pleno además se prevé reprobar a Carmela Silva y al alcalde, Abel Caballero, así como constituir una comisión especial.
Una comisión en la que se quiere averiguar por qué un alto funcionario promovió la contratación de una familiar directa de la primera teniente de alcalde y por qué el Ayuntamiento no se personó en el proceso judicial a pesar de que se malversaron 108.000 euros de dinero público.