Moncloa activa las alarmas: los retos y peligros que acechan a Sánchez en 2022

Con los presupuestos generales aprobados y la reforma laboral acordada con patronal y los sindicatos, en el Gobierno de Pedro Sánchez podrían pensar que nada malo les puede suceder y que se avecinan dos años garantizados de legislatura en los que su principal tarea será la recuperación electoral.

Sin embargo, en el entorno de Sánchez tienen claro que este 2022 que acaba de iniciarse trae consigo nuevos retos que, de no lograr superar, pueden suponer el fin del “sanchismo” y de su apuesta por mantenerse otros cuatro años en el poder.

La factura energética y la lucha contra la inflación (esta última provocada en buena medida por la escalada del precio energético) son dos graves problemas en los que el Ejecutivo tiene poco margen de actuación, puesto que dependen, en buena medida, de soluciones supranacionales. Sí que tendrá que encarar el Gobierno de Sánchez la salida más digna y acertada posible de la sexta ola y del maldito “Ómicron”, que amenaza con retrocesos a etapas recientes de confinamientos y encierros, como ha ocurrido en otros países de la UE.

Decididamente, el Gobierno Sánchez se resiste como gato panza arriba a adoptar ese tipo de medidas que la fatiga pandémica reinante en nuestro país desaconsejaría a cualquiera que aspire a reconquistar complicidades perdidas.

Por otra parte, la experiencia le ha demostrado que asumir el mando único lo coloca de inmediato en la diana y que, escudado en la cogobernanza, a lo más que aspiran los presidentes autonómicos es a reprocharle que no se imponga, que se inhiba y que sean ellos mismos, presos de las mismas dudas e incertezas, quienes tengan que tomarlas.

En los asuntos mencionados hasta ahora Sánchez tiene poco margen de actuación o ha decidido que sean otros quienes asuman sus propias decisiones y el desgaste o la gloria que la gestión -errónea o acertada- comporte. Pero otro de los grandes retos pendientes es Cataluña, la Cataluña postprocés.

Y es el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien, acuciado por su propia situación política, está exigiendo a Sánchez que mueva ficha. Y en este punto no parece fácil que el presidente del Gobierno pueda seguir intentando ganar tiempo mientras baja el suflé catalán.

Cataluña, el problema que se avecina

En Cataluña, la mala relación entre los socios de gobierno, de ERC y Junts, planea sobre cualquier iniciativa y su rivalidad y casi igualdad en los apoyos obtenidos en las elecciones más recientes impide a Aragonés romper con su socio de Junts, a la par que más fiero rival, un monstruo con múltiples cabezas como la de Jordi Sánchez, Laura Borràs o el propio ex presidente Carles Puigdemont, cada cual con su visión del asunto e intereses, que no tienen por qué ser coincidentes, aunque a todos (a unos más que a otros) les une, hoy por hoy, la tarea común de ponerle las cosas lo más difíciles posibles a Aragonés, generalmente tratando de señalarlo como traidor a la causa independentista.

Sánchez, en su balance de gestión de 2021.

Recientemente, los Comunes (marca franquiciada a Unidas Podemos, en Cataluña) salvaron la aprobación de los Presupuestos para Cataluña, cuando la CUP decidió dar una patada al tablero y retirar su apoyo al Gobierno catalán.

Si ERC y PSC terminan siendo felices y comiendo perdices, Pedro Sánchez tendrá que convencer a buena parte de sus detractores y a quienes no lo son de que la fórmula elegida es buena para España

También recientemente han sido los votos de los Comunes y los del PSC los que han permitido renovar ciertos cargos en los medios públicos de comunicación, así como el cargo del “Síndic de Greuges”, que es el equivalente al Defensor del Pueblo, con competencias exclusivas en Cataluña.

Sin la CUP en la ecuación de gobierno, no tiene mucho sentido que Aragonés se avenga a someterse a esa moción de confianza que exigían los cupaires, con lo que la fórmula (ERC, Junts y CUP) con que arrancó su investidura deberá ser renovada.

En el horizonte se otean nuevas alianzas para ERC, el apoyo de los Comunes y del PSC, siempre desde fuera del Gobierno, pero quienes conocen bien a Aragonés apuestan a que intentará evitar esa alianza de emergencia hasta después de las elecciones municipales, en 2023, por evitar riesgos y acusaciones de traición a la causa de la independencia, y que serán los resultados obtenidos en esos comicios los que darán lugar a un cambio explícito en la política de alianzas.

Así las cosas, desde ahora hasta que ERC no dependa enteramente del apoyo de los Comunes y de el PSC, cada pellizco de Junts a Aragonés y a ERC tendrá su reflejo por parte de los independentistas en el Gobierno de Sánchez y el presidente tendrá que lidiar una y otra vez con todos aquellos conflictos fabricados en Cataluña con el fin de desestabilizar a Pere Aragonés, pero que agitarán una y otra vez la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo y desgastarán más si cabe la imagen de un Gobierno que, en muchos rincones de España se entiende como entregado a la causa independentista.

Aunque la última palabra la tendrá Aragonés, si Junts no llega a romper oficialmente el Gobierno catalán, Sánchez tendrá que decidir si le conviene escenificar una ruptura con los independentistas o cortejarles, para que dejen al partido de Puigdemont en la estacada de una vez y se pongan en las manos del PSC de Salvador Illa, para -hoy por ti y mañana por mí- ofrecerse apoyo y estabilidad mutua: Quid pro quo.

En todo caso, si ERC y PSC terminan siendo felices y comiendo perdices, Pedro Sánchez tendrá que convencer a buena parte de sus detractores y a quienes no lo son, pero consideran morganático ese matrimonio, de que la fórmula elegida es buena para España.