Colau, imputada por malversación y tráfico de influencias por sus ayudas a dedo
La alcaldesa de Barcelona ha sido citada como investigada por otorgar presuntamente subvenciones a organizaciones próximas a su formación política
Ada Colau
El año 2022 arranca con un tremendo varapalo judicial para Ada Colau: la alcaldesa de Barcelona ha sido citada como investigada por supuestos delitos de malversación de dinero del consistorio, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el ejercicio de sus funciones. La líder de los comunes se sentará en el banquillo del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona el próximo día 4 de marzo.
El juez admite así a la denuncia presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en la que señala a la alcaldesa de la ciudad condal como la responsable de otorgar subvenciones y convenios de financiación a organizaciones vinculadas al partido de Colau, según publica el medio Metrópoli Abierta.
Una querella en la que se acusa a la alcaldesa de Barcelona de firmar sin justificación aparente y de forma arbitraria y recurrente, diversas ayudas económicas a entidades presuntamente afines con el objetivo de cubrir los puestos de trabajo y actividades de estas asociaciones.
Entre esas organizaciones que podría haber sido financiadas de manera presuntamente irregular por parte del gobierno de Colau, destaca el Observatorio DESC. En esta organización trabajó casualmente la actual alcaldesa catalana y, según informa El Español, desde que collar está al frente del consistorio, la organización llegó a quintuplicar su patrimonio, presuntamente gracias en parte a las numerosas concesiones del Ayuntamiento.
Entre el resto de asociaciones, agrupaciones u organizaciones que han sido receptoras de fondos que están bajo sospecha de presuntas irregularidades, figuran Ingenieros Sin Fronteras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fundada por la misma Ada Colau, y Alianza contra la Pobreza Energética.
El juez encargado ha solicitado en el escrito "los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021”. Unas subvenciones que tendrían que haberse destinado en principios a acciones como ayuda humanitaria en Perú o Mozambique, aunque son competencias que el ayuntamiento, en principio, no debería tener.
