El 'rejonazo' de los jueces a Podemos en su nuevo informe de la ley de vivienda

Los jueces ya están hartos de las críticas del Gobierno, sobre todo del sector de Podemos, a sus funciones. El último episodio se vivió con el informe de la Ley de Vivienda elaborado por el CGPJ que no fue aprobado por el órgano, lo que supuso el enfado de los morados, que consideraron que no era más que una maniobra del Poder Judicial para dilatar la aprobación de la norma.

Por ello, en el nuevo informe que ha redactado el órgano de control de los jueces y que se prevé ratificar en el próximo pleno del CGPJ no han pasado por alto el último ataque morado y han querido recordar el papel que les otorga el ordenamiento jurídico español a la hora de redactar nuevas leyes.

"El alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente", ha señalado el CGPJ en su nuevo texto.

Los jueces salen así al paso de las críticas de Podemos que reaccionaron desacreditando a los jueces y al CGPJ tachándolos desde ser de derechas y de ser cómplices de los grandes propietarios de viviendas, tras paralizar el informe elaborado sobre la Ley de Vivienda.

En concreto, el informe había sido elaborado por el vocal progresista del CGPJ y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, y ha sido rechazado por 15 votos a 6, por lo que tendría que elaborarse un nuevo informe y lo que más escuece a Podemos, se frustra el plan de aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros de este 18 de enero, tal y como preveía el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, arremetió en redes sociales, como viene siendo habitual, contra el CGPJ, y tachando la decisión de merma democrática, “muy preocupante por el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos. Pero también por lo que implica en términos democráticos”.

Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso procedente de los Comuns de Ada Colau, criticaba que “la mayoría conservadora del CGPJ no puede torpedear la tramitación de la ley de vivienda dilatando sus informes”. Otros como el dirigente de IU, Carlos Sánchez Mato, ha criticado que “el CGPJ en funciones ejerce de abogado defensor de los grandes propietarios de vivienda” y ha afirmado que “en este país de pandereta la derecha secuestra símbolos e instituciones” en referencia a la falta de acuerdo entre PP y PSOE para renovar el órgano judicial.

Por ello, ahora, en el nuevo texto no han querido pasar por alto las críticas, recordando la función que el CGPJ tiene encomendada por ley, por mucho que le pese a los morados.

La vivienda es competencia autonómica

Pero al margen de la bronca política de Podemos contra los jueces, el nuevo informe también desmonta por completo las intenciones del Gobierno de controlar los precios ya que según el nuevo texto, es una competencia autonómica, "en virtud del artículo 18.1.3º de la Constitución española y los estatutos de autonomía"

De hecho, insisten en que "el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia".

En el texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se recalca que la actuación estatal se ha articulado "a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal, o a la eficiencia energética".

"El anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, (...) pero no, en puridad, "la ley de vivienda" o "del derecho a la vivienda".

Pero advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal "se vierte sobre esos otros aspectos". Por tal motivo, "el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, "la ley de vivienda" o "del derecho a la vivienda".

Además, cuestiona la limitación de los precios de los arrendamientos, pues consideran que "siendo tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido. Nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído, quizás no resulte adecuado".

Sin embargo, ante la respuesta de los jueces, Podemos no ha permanecido impasible y vuelto a la carga contra el Poder Judicial. Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada la "reacción obsesionada" por "impedir" avances sociales como la Ley de Vivienda.

"La ley de vivienda permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país. Los intentos de frenar los derechos de los inquilinos vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución", ha planteado en un comentario en Twitter.