Los jueces no se rinden y destapan de nuevo la falta de escrúpulos de Sánchez

La trayectoria de Pedro Sánchez ha dejado claro que no tiene reparos en emplear cualquier medio a la hora de conseguir sus propósitos. No es un político que se achante ante nada ni ante nadie. Ha buscado incluso, a la menor ocasión, tener las manos libres para sortear el ordenamiento jurídico y proceder políticamente a su antojo.

Y ello es relevante por sus consecuencias para la salud misma de nuestras instituciones democráticas. Por ejemplo, el presidente ya ha anticipado que hará oídos sordos al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, sin duda muy duro, sin ahorrar calificativos, para una ley de Vivienda nociva, coercitiva, farragosa, innecesaria, contradictoria, intervencionista e incongruente…

“La opinión del CGPJ es preceptiva, pero no vinculante”, afirman una y otra vez desde la órbita socialista, tirando de antemano por tierra con total descaro la labor del órgano de gobierno de los jueces, que avisa del dirigismo legal que invade competencias municipales y autonómicas.

La actividad de Sánchez siempre quiere estar por encima de la propia Constitución. En manos de nuestro presidente, la separación de poderes naufraga.

Curiosa manera de entender las funciones de los poderes del Estado por parte del Gobierno. Si es el timón de mando judicial quien pone en solfa un anteproyecto de ley se le machaca de manera histérica.

Ahora bien, si fuese el experto jurista Gabriel Rufián quien lo hiciera, se correría a reformar cualquier texto para complacer a un socio imprescindible que aporta los votos independentistas al sanchismo en el Congreso.

Esa y no otra es la conclusión que cabe extraer de los movimientos gubernamentales. Forzados a retrasar la aprobación de la medida estrella, desde La Moncloa han vertido diatribas tales como: “Este caducado CGPJ juega a hacer política” contra el Gobierno o “lo suyo representa una auténtica injerencia en la legítima acción del Consejo de Ministros”.

Más allá, incluso, ha ido la dirigente de Podemos, Isa Serra, acusando a los jueces de liderar “la reacción antidemocrática al Gobierno”

El "engendro" de la Ley de Vivienda de Podemos, amparada por el PSOE, se vuelve contra Moncloa.

Así, de forma tan injusta como intencionada, se pretende desacreditar de nuevo por la puerta de atrás las funciones de uno de los poderes del Estado. En el complejo presidencial son plenamente conscientes del daño que hace a la propia estabilidad de la coalición el nuevo revolcón del Consejo General del Poder Judicial.

De ahí que en ningún momento hayan dudado en marcar doctrina, en parte temiendo las habituales pataletas de Unidas Podemos: “No nos vamos a distraer en la consecución de nuestro objetivo”, ha dicho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Curiosa manera de entender las funciones de los poderes del Estado por parte del Gobierno. Si es el timón de mando judicial quien pone en solfa un anteproyecto de ley se le machaca de manera histérica.

Y, como de costumbre, fuerzan la máquina. Porque, además, el fondo de la cuestión es compartido por socialistas y morados. Están de acuerdo en la idea de que el Poder Judicial debe estar al servicio del Gobierno.

Su forma de actuar a lo largo de estos dos últimos años subidos al coche oficial y al Falcon así lo acredita. El principio básico de cualquier democracia que se precie, la independencia de la Justicia, es menoscabado sin remilgos por unos y por otros y queda supeditado a la conveniencia del líder. Sin escrúpulo alguno, se arrolla el sentido de Estado cuando viene bien a los intereses partidistas.

En realidad, la actividad de Sánchez siempre quiere estar por encima de la propia Constitución. En manos de nuestro presidente, la separación de poderes naufraga.