Garzón se gastó 12.000 euros en un informe que pudo conseguir sin coste alguno
Cs registra una batería de preguntas en el Congreso para que el ministro explique por qué derivó a un bufete privado la consulta, cuando su Ministerio tiene un gabinete público para ello.
Alberto Garzón, en una comparecencia en su ministerio.
Alberto Garzón de nuevo en la picota. Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso pidiendo saber por qué el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, encargó por 12.000 euros a un despacho privado un informe para el que eran competentes los letrados del Ministerio.
El partido de Inés Arrimadas exige cuentas a Garzón tras conocerse que su Ministerio contrató al despacho de abogados Consumer Consulting S.L., propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo, la elaboración de un informe sobre "el modo de llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico nacional" de una nueva directiva de la UE aprobada el 25 de noviembre de 2020 y que debe aplicarse a partir del 25 de junio de 2023.
Cs denuncia que Consumo haya dejado "de lado" al equipo oficial de letrados y funcionarios del Ministerio para la confección del citado informe, titulado Piensa. Luego, compra, encargando ese cometido a un despacho de abogados privado sin que hasta la fecha se conozcan los criterios para tal adjudicación.
Sus propios Abogados del Estado
Los diputados naranjas Edmundo Bal y Guillermo Díaz, autores de esta iniciativa, no entienden la decisión de Consumo teniendo en cuenta cada ministerio cuenta con su propia unidad de abogados del Estado, adscritos para prestar servicio jurídico al máximo nivel a cada uno de esos departamentos.
Así las cosas, Ciudadanos quiere saber en primer lugar qué motivos han llevado a Garzón a prescindir del equipo de funcionarios del Ministerio de Consumo y a contratar la elaboración del informe a un despacho privado por un importe de 12.000 euros, y qué criterios se han tomado en cuenta para adjudicar este contrato.
Bal y Díaz subrayan que ésta es una práctica que han llevado adelante partidos de diferentes colores "y que, en muchos casos, podría tener incluso indicios de un uso negligente de los fondos públicos que podrían dar lugar a responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas". Por ello, preguntan si Consumo prevé contratar más informes de este tipo a entidades privadas.