Sánchez quiere imponer un férreo control a la entrada de inversores extranjeros

Una de las primeras y más desconocidas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa para hacer frente a los rigores de la pandemia fue proteger a las empresas españolas con fuertes controles a la llegada de inversores extranjeros. El propósito era evitar que, en una situación tal de vulnerabilidad, poderes foráneos se hicieran con compañías estratégicas españolas.

Este cerrojazo a la inversión extranjera, prorrogado dos veces desde entonces, quedó pendiente del desarrollo de una norma que dotara de seguridad jurídica al capital extranjero con ganas de invertir en nuestro país. De momento, solo se conoce un borrador del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que incluye la asignación de unos poderes insólitos para el Ejecutivo.

Llama la atención, por ejemplo, el extraordinario poder que se concede al presidente del Gobierno, quien tendría información de primera mano por dos vías exclusivas. De un lado, por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano que coordinaría el análisis de las operaciones corporativas de empresas extranjeras en España y que aglutina representantes de todos los ministerios. Y de otro, por el CNI, que ejercería también labores de supervisión.

A estos controles se añadirían los de un representante de la dirección operativa del departamento de seguridad nacional de Presidencia del Gobierno, dirigido actualmente por el general Miguel Ángel Ballesteros y que trabaja en el conocido como ‘búnker de Moncloa’.

La explicación de esta vigilancia tan estrecha y tan directa desde la presidencia es el temor de que países como China o Rusia pretendan tomar posiciones estratégicas en España que les den acceso a tecnología, datados, secretos militares o infraestructuras críticas.

Recogida de información previa

Además, el borrador otorga a Jinvex poderes especiales de investigación para "recabar de cualquier administración, órgano, entidad u organismo público, así como de cualquier persona física o jurídica privada, la información que precise para el ejercicio de sus competencias".

Por otra parte, el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional que acaba de llegar al parlamento se contempla la posibilidad de suspender el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional.

De momento, tanto este anteproyecto como el borrador relativos a los inversores extranjeros aún tienen por delante un recorrido administrativo y se ignora con exactitud cuándo y cómo serán aprobados de manera definitiva.