Los fiscales llevan a los tribunales a Dolores Delgado por el "caso Stampa"
La negativa de la fiscal general de entregar el expediente del fiscal del "caso Villarejo" hace a la mayoritaria Asociación de Fiscales mover ficha contra la exministra.
Dolores Delgado, en un acto en la FGE.
Finalmente, la guerra entre los fiscales y Dolores Delgado se dirimirá en los tribunales. Los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el anuncio de que recurren por la vía de lo contencioso-administrativo la decisión de la fiscal general del Estado de no facilitarles el expediente disciplinario relativo al que fuera fiscal anticorrupción en el caso Villarejo, Ignacio Stampa.
Fue en noviembre, momento en el que el caso Stampa llegó al seno de este órgano consultivo para analizar la investigación abierta contra él por una supuesta revelación de secretos, cuando los vocales de la AF reclamaron poder ver todas las diligencias y expedientes sobre Stampa, purgado por Delgado. Ante una primera negativa, en diciembre reiteraron por escrito, esta vez ante la inspección fiscal, que deseaban poder tener acceso a esa documentación.
Según la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, el caso Stampa afecta a Delgado por su relación con el exjuez y ahora abogado Baltasar Garzón. De hecho, pedían también poder ver el procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional sobre los presuntos trabajos irregulares del comisario jubilado, en concreto, si el despacho de Garzón -pareja de la fiscal general- ha ejercido la defensa de alguno de los investigados en la causa.
Pero la fiscal general del Estado negó responder a estos requerimientos por ser "materia reservada" y los vocales electivos de la AF reprocharon a Delgado su negativa. Defendieron que "la materia no se puede considerar reservada por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado ha solicitado su exhibición".
"Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas", indicaron entonces en un comunicado.
En paralelo, Stampa también exigió tener acceso a su expediente y en el mes de enero trascendió que el TSJM admitió una batería de pruebas aportadas por él en la demanda que presentó contra la Fiscalía después de que se le denegara el acceso.