La encrucijada de Batet: repetir la votación o enfrentarse a la Justicia

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene sobre su mesa una enorme patata caliente provocada por su actuación ante el error telemático de la votación del diputado del PP Alberto Casero durante la convalidación del decreto de la reforma laboral. Repetir las votaciones o aguardar a la decisión de la justicia es la encrucijada en la que se encuentra ahora mismo la socialista una vez que el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, ha registrado la solicitud de celebración de un nuevo pleno y los partidos de la oposición hayan anunciado medidas legales.

El diputado considera que puede ser "viable jurídicamente la anulación y repetición de dicha votación" ya que existen, a su juicio, "motivos formales y materiales que impiden su consideración como ordinaria y legítima", por lo que relata cómo sucedieron los acontecimientos para justificar su solicitud. "En primer lugar se produjo un receso que el Reglamento de la Cámara prohíbe entre diversas votaciones".

Para ello, cita el artículo 80 del Reglamento de la Cámara y añade que el mismo "admite que las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna y, por tanto, no habría causa jurídica que justificara dicho receso de media hora entre votaciones".

Además, recuerda que según "el artículo 82.2 del Reglamento la Mesa de la Cámara tiene la obligación de verificar personalmente dicha votación, máxime si ya habia sido comunicada la anomalía a la Mesa". Así, sostiene que "no parece que sucediera así, según las manifestaciones del diputado involucrado en dicho suceso", por lo que ha solicitado la anulación de la votación y se convoque un nuevo pleno extraordinario para repetirla.

Así, Batet tiene una puerta abierta a la rectificación convocando un nuevo pleno, aunque desde la oposición PP y Vox ya han anunciado medidas legales si no se reconsidera la votación. Desde el PP, su portavoz Cuca Gamarra ha advertido que su partido ya ha solicitado en primer lugar una reunión de la Mesa del Congreso para que se "defienda el derecho fundamental" de un diputado porque "al final la soberanía nacional es lo que está en juego en estas circunstancias".

Además, ha pedido a Batet, que no publique la votación y que tampoco emita la resolución por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese resultado y que permite que la reforma continúe en vigor.

"Y si no se busca cómo resolverlo, el PP irá al Tribunal Constitucional", ha confirmado, para añadir que en el pasado el PSOE en el Parlamento vasco acudió al TC "ante una situación similar". A su entender, lo que debe "primar siempre es la voluntad del diputado", máxime cuando ha sido "transmitida previamente".

El precedente vasco

En concreto, el precedente vasco al que hace referencia Gamarra es al fallo del TC, en la sentencia 361/2006 de 18 de diciembre de 2006, a favor de una diputada socialista vasca, Irene Novales, que recurrió una decisión similar del Parlamento Vasco a la adoptada ahora por Meritxell Batet.

En aquella ocasión, la diputada no pudo votar por un fallo técnico, pese a lo cual la Cámara se negó a permitirla votar o repetir la votación hasta que el Constitucional le dio la razón, reprendiendo al presidente del Parlamento vasco, anulando la votación fruadulenta y restituyendo los derechos de la diputada:

“La actuación de la presidencia del Parlamento Vasco supuso, pura y simplemente, lesionar el derecho a votar de la parlamentaria. No es lógico entender que, ante un problema técnico, que puede suceder con mayor o menor frecuencia en ese tipo de sistemas electrónicos y sin que por otra parte haya quedado fehacientemente demostrado que se tratara de una negligencia de la diputada, la única reacción presidencial fuera la negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la repetición, en su caso, de la votación controvertida, con las graves consecuencias que ello implicaba para el resultado de la misma y para el conocimiento de la auténtica voluntad de la Cámara en tema tan trascendente para la Comunidad Autónoma del País Vasco como era la aprobación de su Ley de presupuestos”, señala la sentencia del Constitucional.

Vox amenaza con la vía penal

Por su parte, también desde Vox han avisado de que llegarán a los tribunales tras lo que consideran un "pucherazo". Macarena Olona ha advertido en Antena 3 de que agotará la vía parlamentaria "porque así lo establece la ley" sin descartar la vía penal contra la presidenta del Congreso.

Según ha esgrimido Olona, una resolución de la Mesa del Congreso de 2012 determina que en el supuesto en el que un diputado emita su voto telemáticamente y luego quiera votar presencialmente, la Mesa tiene que tomar una decisión que, en caso de autorizar el voto presencial, deja sin efecto el voto telemático.

Al respecto, ha continuado, "el diputado del PP (Alberto Casero), al ver el error, solicitó poder votar presencialmente" y se personó en el Congreso y Batet, "en lugar de dar traslado a la Mesa de esa petición, se arrogó ella sola esa función y decidió unilateralmente entregarle la reforma laboral al Gobierno mediante un fraude de ley y hurtando la voluntad popular", ha lamentado.

Por todo ello, Olona ha avisado de que la vía penal es "siempre la adecuada cuando hay responsabilidades penales", si bien ha avanzado que primero presentarán un escrito ante la Mesa del Congreso denunciando lo que ocurrió ayer.

"Una vez tengamos la más que previsible desestimación de la solicitud que vamos a hacer, acudiremos en amparo ante el TC, y si se constata por el TC que se ha producido este pucherazo, es evidente que hay que dirimir en la vía penal la posible responsabilidad penal por prevaricación de la señora Batet en solitario", ha zanjado.

Existe un precedente similar que deja en evidencia a Batet pues una diputada de Podemos votó presencialmente tras solicitar el voto telemático, por lo que la presidente declaró nulo su voto y se repitió de nuevo

Pero además, si se bucea en la hemeroteca Batet queda totalmente al descubierto pues en el verano de 2020 una diputada de Podemos votó presencialmente tras haber solicitado el voto telemático, en un asunto tan relevante como el plan de reconstrucción, y se declaró nulo su voto para permitir la repetición en el pleno inmediatamente siguiente.

Ahora habrá que esperar a ver qué decisión toma Meritxell Batet, si bien ignora repetir la votación como sí que hizo en la anterior ocasión o bien se arriesga a terminar ante la justicia, mientras en el Gobierno se jactan de lo ocurrido. "Justicia divina" ha dicho el ministro de la Presidencia.

Lo que no han dicho todavía es qué harán si la Justicia real termina por dar la razón al diputado, o si Meritxell Batet, obligada por las circunstancias, termina por repetir la votación. Y es que, parece que se les ha olvidado que para convalidar la reforma laboral ya no les dan los números.