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La 'cara b' de la subida del SMI que busca Díaz para olvidar la reforma laboral

Los jóvenes son uno de los colectivos perjudicados por la desmedida subida del SMI que ya supera el 60% del salario medio en muchas comunidades.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

Publicado por
Andrea Jiménez

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Yolanda Díaz vuelve a la carga. La "trabajadora" ministra, algo que según ella misma ha asegurado es un defecto, ya tiene entre manos un nuevo objetivo subir el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros. Pero no es oro todo lo que reluce y el incremento de los sueldos más bajos encierra algunos datos que la titular de Trabajo prefiere ignorar.

No en vano, el informe que debía analizar el impacto en el mercado laboral de la subida del SMI a 900 euros aún no ha visto la luz. Un informe, encargado por el propio Ministerio que serviría para contrarrestar el emitido por el Banco de España en el que se aseguraba que el alza hasta los 900 euros que se realizó en 2019 llevó "a un menor crecimiento del empleo" en el colectivo con menores salarios.

El informe del supervisor macroeconómico, publicado en junio, estimaba que la primera subida del SMI pactada entre el PSOE y Unidas Podemos provocó la pérdida de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo, entre empleos destruidos y contrataciones no realizadas.

La encargada de elaborar estre 'contra-informe' era la investigadora Sara de la Rica Goiricelaya, una de las personas integrantes del comité de expertos conformado por Trabajo para definir una senda de subidas de este indicador hasta alcanzar el 60% del salario medio, compromiso del Gobierno de coalición en esta legislatura.

De momento, el informe no ha visto la luz y Ciudadanos ya lo ha solicitado en el Congreso y destacan cómo la propia investigadora confirmó la entrega del estudio y, por ello, solicita su publicación.

La cara 'b' de la subida del SMI

Pero al margen de este estudio, que Yolanda Díaz parece guardar en un cajón, ya hay quien apunta otras consecuencias que el Gobierno no quiere ver. De hecho, la subida del SMI no solo afecta, para bien, a los trabajadores, sino que tiene una 'cara b' que también afecta a los más vulnerables.

Lo apuntaba Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, en una entrevista en Onda Madrid y no es un tema menor. "La subida del SMI perjudica a los pensionistas que tendrán que pagar 1.500 euros de media al mes a su cuidador. Con la pensión media que tienen, ¿quién lo podrá asumir?", ha señalado.


Además, no hay que perder de vista, el informe del Banco de España, que enfadó mucho en el seno de Unidas Podemos, pero que dejó claro que la subida de los salarios afectaba negativamente en la creación de empleo. Y precisamente, afectaba a uno de los sectores más afectados por el paro, los jóvenes, una franja de edad en el que España, desgraciadamente, es líder.

Pero al margen de las consecuencias negativas que podría tener este incremento, otra de las derivadas de esta nueva propuesta de alza tiene que ver con el programa del Gobierno de coalición. Tal es el empeño de la ministra en demostrar que trabaja y con empeño, para borrar cuanto antes de el fiasco de su reforma laboral, que ya hay indicadores que muestran que se han superado con creces los objetivos pactados, el de hacer que el SMI sea el 60% del salario medio en España.

Ya se ha superado el objetivo del Gobierno

De hecho, solo en cinco autonomías (País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias) esa retribución respetará el tope del 60% del salario medio que el Gobierno se ha marcado, mientras que en el resto ya se habría superado, con el sobreesfuerzo empresarial que eso supone y que deriva, irremediablemente, en una menor contratación.

Aún así, desde Trabajo estén empeñados en llevaro a cabo, y Yolanda Díaz ha hecho ya de la subida del SMI una nueva bandera por la que trabajar mucho y así resarcise del fiasco de la reforma laboral. Este mismo miércoles siguen las negociaciones entre agentes sociales y el Gobierno.

La CEOE ya ha dicho 'no', ya que el alza del SMI llega en "un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio pre crisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad". Pero la ministra necesita su foto, y la necesita junto a los sindicatos.