El Gobierno usó el sistema de contratación de Ayuso con el que quieren hundirla

La explosión detonada por Génova sobre el polémico contrato de Isabel Díaz Ayuso ha sacudido el panoráma político y ha puesto el foco en este nuevo acontecimiento, dándole una importancia que no están teniendo otros contratos que ahora ha sacado a la luz el Tribunal de Cuentas, contratos entre los que se encuentran organismos del Gobierno de Sánchez. En total 13 entidades que cometieron las mismas o peores irregularidades.

El Tribunal de Cuentas ha señalado que en los contratos de emergencia suscritos por entidades de la Administración General en los meses de pandemia no se solía comprobar la solvencia y capacidad de las empresas adjudicatarias, aunque siempre se obtuvo el servicio o productos que se pedían.

El informe indica igualmente que "un número significativo" de las entidades fiscalizadas no comprobaron la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni les exigieron que acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les concediese el contrato.

Se han revisado contratos de trece entidades, entre ellas la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Corporación RTVE, la Fundación Carlos III, el Instituto de Crédito Oficial, los Museos Reina Sofía y del Prado, y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid.

El Tribunal concluye que todas las entidades se ajustaron al marco legal, pero la mayor parte de los expedientes no justificaron que la finalidad perseguida en cada caso no podía ser lograda si se acudía a la tramitación ordinaria o, alternativamente, a la tramitación urgente del expediente, que es "la práctica aconsejable" según los "principios de buena gestión".

En el análisis específico de la Agencia Tributaria se observa que hubo deficiencias de gestión sobre la utilización de los bienes adquiridos y del precio pagado, y que en dos contratos de material sanitario no consta que los productos suministrados cumplieran las exigencias establecidas en los pliegos técnicos.

Empresas ajenas al objeto de la adjudicación

De hecho, en tres entidades se han encontrado contratos adjudicados a empresas que no se dedicaban al objeto de la adjudicación. En estos supuestos debían haber demostrado que no había alternativa en el sector al que se dirigía el contrato.

En el análisis del Banco de España comenta que pagó por mascarillas FFP2 un precio mayor que otras entidades. Llegó a comprar a más de nueve euros las FFP2 en la primavera de 2020, por encima de los cinco, por ejemplo, del polémico contrato con la empresa a la que prestó servicios el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la CNMV han detectado un contrato cuya ejecución se inició en un plazo un mes después de la adjudicación de urgencia, lo que incumple el artículo 120.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En RTVE han visto "defectos formales en las memorias justificativas" y que en uno de los contratos formalizados no consta en el expediente de ejecución la recepción de los servicios objeto de contratación, en tanto que otro fue parcialmente ejecutado, en ambos casos sin justificación.