La corrupción local acorrala a Sánchez con al menos 10 casos “nuevos”

En los últimos seis meses el PSOE ha visto cómo numerosos casos de corrupción han ido salpicando las políticas del Gobierno de coalición. El discurso que había motivado la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018, el del fin de la corrupción del PP en manos de Rajoy, se disuelve ahora con nuevas tramas que afectan a numerosos gobiernos locales socialistas repartidos por toda España.

Uno de los últimos casos ha sido el del Ayuntamiento de Cornellá, donde la Policía ha detenido a 11 personas vinculadas al gobierno local del PSC. Pero hay, al menos, diez “nuevas” causas graves abiertas en toda España que ponen en jaque a Ferraz y condicionan el discurso político de Sánchez desde la Moncloa. Aunque no son tan nuevos, puesto que muchas de las tramas llevan siendo investigadas varios meses e incluso años por la Policía y Guardia Civil.

Los casos de corrupción del PSOE en Madrid (y uno de UGT)

La Comunidad de Madrid ha sido una de las zonas que más casos nuevos de corrupción ha sufrido por parte del PSOE en los últimos meses. A finales de diciembre del año pasado, la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por presunta corrupción urbanística. Hubo doce personas detenidas, entre las que se encuentra la exalcaldesa socialista, Marilu Lastra, acusadas de desviar presuntamente dinero público a empresas relacionadas con el pantano madrileño de San Juan.

En total, la operación policial se saldó con tres exconcejales socialistas detenidos, además de la alcaldesa, por participar en una trama en la que, supuestamente, el anterior equipo de gobierno del PSOE realizaba adjudicaciones a empresas de familiares o de amigos con una relación estrecha. Una trama que destapó la actual edil, del Partido Popular, al comprobar irregularidades contables y de documentación del consistorio.

Otro caso de corrupción socialista en la comunidad es el de los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles. En este último, su alcaldesa, la socialista Natalia Posse, ha sido imputada junto a toda su Junta de Gobierno por hacer la vista gorda y dejar pasar unas tasas a una ITV. Algo que habría provocado que el consistorio perdiese más de 2,5 millones de euros.

PSOE-M, en 2021: "Haremos valoraciones y aplicaremos nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente"

“Haremos valoraciones y aplicaremos nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente”, aseguró la secretaria general del PSOE en Madrid justo cuando saltó el escándalo. Aún se siguen esperando esos informes y las consecuencias políticas que iba a aplicar de forma “contundente” el partido. De momento, todos los implicados en la causa mantienen su afiliación al PSOE.

Tampoco hay consecuencias, de momento, para la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés. Ella y otros tantos se han tenido que sentar en el banquillo del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid por irregularidades en su gestión. De hecho, la alcaldesa fue condenada junto al ex regidor Enrique Cascallana de dejar quebrar la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón y llevarse indebidamente bienes y derechos de la misma.

Hay otros nueve condenados en la causa que, de momento, no han realizado dicha devolución. Ni la alcaldesa ni el exalcalde han sido apartados del PSOE madrileño. De hecho, la dirección los ha protegido diciendo que “solo si la sentencia es ejecutiva y firme se exigiría que ese alcalde asumiera responsabilidades en política”.

Otro caso, menos conocidos, es el del ayuntamiento de Cenicientos, donde el Tribunal de Cuentas ha acordado enviar a juicio a su alcaldesa, Natalia Núñez Jiménez, al apreciar la "posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos" del consistorio por presuntas "irregularidades en la gestión económico-financiera" de las Ferias Taurinas municipales entre 2017 y 2019.

A todos estos casos, hay que sumarle otro que no es del PSOE madrileño, pero tiene sus vinculaciones, ya que afecta UGT Madrid. Y es que hay más de un millón de euros que habrían sido sustraídos de la organización según ha denunciado la actual cúpula sindical. De momento solo se conoce que hay una denunciada por corrupción, que casualmente es la hija de una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López.

La corrupción también llega al PSC

Uno de los últimos casos de corrupción que hemos conocido estas semanas es el del ayuntamiento de Cornellá: La Policía Nacional ha detenido a 11 personas del consistorio barcelonés por presuntos desvíos de subvenciones en el Consell Esportiu de l’Hospitalet. En el proceso ha sido imputada la alcaldesa del municipio y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

Según las primeras informaciones, la investigación se centra en una línea de crédito y un aval que el Ayuntamiento de Cornellà formalizó con el Consell Espotiu para pagar a árbitros de unos juegos escolares en 2018. Tras detectar una posible falsificación de un acta de la entidad, se sospecha que se inflaron los precios de los contratos.

Desde el PSC se muestran “sorprendidos”. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha garantizado "la máxima colaboración con las autoridades judiciales" ante estas presuntas irregularidades y ha destacado que esta "es la misma actitud" que ha visto en el actual alcalde de Cornellà cuando ha abordado con él este asunto, y ha afirmado que el PSC también ha ofrecido esta máxima colaboración en el caso.

Coincidiendo con este caso, se han confirmado también el ingreso en prisión del exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet por el caso de corrupción urbanística “Pretoria” y la entrada también en la cárcel del ex alcalde de Sabadell por dos delitos de tráficos de influencias por instar a la policía local a retirar multas de tráfico a sus familiares.

Abel Caballero, “iluminado” por las irregularidades de su entorno

Uno de los casos de presunta corrupción más destacados del PSOE en Galicia es el del entorno del “famoso” alcalde de Vigo, Abel Caballero. El conocido como “caso cuñada” investigó y condenó a cargos socialistas por “enchufar” en la Diputación de Pontevedra a la cuñada de la actual presidenta, la socialista y presidenta del PSOE gallego, Carmela Silva.

Silva fue, y es, la mano derecha del alcalde gallego “de las luces de Navidad” y estaría relacionada con el caso ya que Francisco Gutiérrez Orúe enchufó en una concesionaria municipal a su cuñada. Cinco años de cárcel como sentencia firme del Tribunal Supremo. El caso de nepotismo ha sido tan polémico, que el propio condenado, sabiendo la popularidad del alcalde socialista, ha pedido el indulto aludiendo a su militancia al PSOE y a UGT.

Andalucía, tierra de ERE

Después de la mayor condena por corrupción a un partido político en democracia con el caso ERE, el PSOE vive en Andalucía una secuela del caso de irregularidades más grande de España. En las últimas semanas se ha conocido que la justicia ha sentenciado a otro exconsejero de Empleo de la Junta durante el gobierno socialista por implicaciones en los ERE.

Una condena a siete años de cárcel que viene acompañada de otra al exdirector general de Trabajo Juan Márquez, en este caso a cuatro años por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Todo en una causa que tiene relación con los ERE pero está separada de esta causa. En total, la justicia investiga un uso irregular de casi 680 millones de euros.

A ello se le suma que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anunciado que, a finales de 2021, aún quedan un total de 103 procedimientos, además de los ere, que todavía están sin resolver. 81 de ellos, de hecho, están en fase de instrucción y el resto en fase intermedia.

También destaca la corrupción del PSOE en materia de formación, sobre todo con la Faffe. La extinta fundación que está siendo investigada por la justicia al existir evidencias de que era la herramienta utilizada para desviar fondos públicos de la Junta, que luego se gastaban en prostíbulos, y donde enchufaban a los afines al PSOE. Sin embargo, desde estas siglas hoy han defendido que la Faffe "cumplía con sus funciones".

Un caso en el que el PSOE andaluz ha tratado de “justificar” las corruptelas, o eso es lo que se concluye al escuchar las declaraciones de sus dirigentes, que alegan que la Faffe cumplía con sus funciones y que se "ha obviado el derecho a la presunción de inocencia" de los implicados, augurando que las conclusiones generales de la comisión de investigación en el parlamento andaluz serán "sectarias y parciales”.

Y a todos ellos hay que sumarle que el PSOE-A todavía mantiene dentro de la formación al parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel, quien el próximo 16 de marzo tiene una cita en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, como imputado por el supuesto desvío de fondos europeos destinados a la modernización de las marismas del Guadalquivir situadas entre los municipios de Dos Hermanas y Lebrija.

Corrupción socialista en Castilla-La Mancha

También hay novedades de las últimas semanas en la corrupción que afecta al PSOE de Castilla-La Mancha: Se trata del exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta que ha sido acusado de prevaricación administrativa medioambiental por la planta de reciclaje de Chiloeches. La Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años de cárcel y tres años de inhabilitación.

En las últimas semanas, la Defensa del socialista ha pedido su absolución, aunque por su responsabilidad (o falta de ella, presuntamente), se produjo un incendio en esa planta de reciclaje en 2016. Según la defensa, los implicados no tenían competencias en el "seguimiento y vigilancia" de los residuos peligrosos y que detrás de estas acusaciones reina "la ceremonia de la confusión y la imprecisión”.