La Fiscalía investiga la Autoridad Portuaria de Cartagena por amaño de contratos
Agentes de la UDEF se llevan gran cantidad de documentación de la entidad pública y toman declaración a altos funcionarios durante el mandato de Antonio Sevilla.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha confirmado que la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de contratos, según ella la mayor parte de ellos menores, en el Puerto de Cartagena. Se investiga una supuesta trama de adjudicación ilegal que se habría producido durante el mandato de Antonio Sevilla años atrás.
Sevilla fue relevado como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2018, cargo que ocupaba desde 2014. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, lo relevó de su cargo para sustituirlo por Joaquín Segado. López Miras sin embargo aseguró que contaba con Antonio Sevilla para futuros proyectos políticos del PP en la Región.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se ha incautado de gran cantidad de documentación de la sede de Autoridad Portuaria y ha tomado declaración a varios de sus altos funcionarios. Ante las preguntas de los medios de comunicación, la actual responsable del Puerto ha explicado que "se les ha facilitado en total predisposición, como tiene que ser en cumplimiento ese deber de colaborar".
Ha detallado Muñoz que los investigadores tan solo han pedido contratos, la mayoría de ellos menores, "y no le hemos dado más importancia de lo que cabe de aquello que pueda dañar la imagen del Puerto de Cartagena. Estamos implicados en hacer grande a Cartagena y esto, con cierta maldad, enturbia esa buena imagen que tiene el Puerto a lo largo de la historia".
Antonio Sevilla, expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena cuya gestión investiga la UDEF
Según el diario La Verdad, los especialistas de la UDEF pidieron a varios funcionarios de la Autoridad Portuaria que les acompañaran a la Comisaría de Cartagena para tomarles declaración sobre los criterios que se habrían utilizado en la redacción de los pliegos de condiciones y en la adjudicación de estos contratos.
Esta investigación se ha producido ante una denuncia anónima presentada en la Fiscalía, que ha abierto estas diligencias para determinar si se presenta querella o no ante el juzgado, o se decreta su archivo al no existir delito.
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