El Gobierno vasco busca excusas para favorecer la salida de los presos de ETA

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "aplica la ley que está en vigor" en los casos en los que ha concedido el tercer grado a ocho presos de ETA que cumplen condena en los centros penitenciarios bajo su dependencia, y que, "más que una decisión política, es una decisión técnica".

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, Zupiria se ha excusado en que la decisión política de base es que "todos los presos deben ser tratados y atendidos de la misma manera" y que, a partir de ahí, "están las decisiones técnicas".

Así, ha explicado que existen procedimientos que analizan la situación de los presos "caso por caso", y que, en base a esos análisis, "se toman las decisiones que se han adoptado durante las últimas semanas y meses, tanto cuando se han admitido los cambios de grados como cuando no, y tanto con los presos de ETA como con otro tipo de presos". "La intención del Gobierno es aplicar la ley que está en vigor, y tiene el propósito de continuar por ese camino", ha destacado.

UPN, por su parte, ha mostrado su "enérgico rechazo" ante la decisión del Gobierno vasco de conceder de manera "prematura" el paso al tercer grado penitenciario a presos por terrorismo, entre ellos, Mikel Arrieta, autor de cuatro asesinatos. Desde la formación regionalista han advertido de que, "aunque el Gobierno vasco ha afirmado la legalidad del procedimiento, existen serias dudas de que esto esté siendo realmente así".

A este respecto, UPN ha recordado en un comunicado el caso de Unai Fano, "a quien la Audiencia Nacional había revocado la concesión del tercer grado al considerar que su carta de arrepentimiento tenía un propósito utilitarista, es decir, obtener el tercer grado, así como demostrar una tendencia a minimizar los delitos que había cometido".

"Menos de un mes después, el Gobierno vasco encuentra, en cambio, 'claras' sus muestras de empatía hacia las víctimas y le concede el tercer grado", han apuntado los regionalistas.