Colau se escuda en su entorno ante las acusaciones de otorgar ayudas a afines
La alcaldesa justifica su inocencia diciendo que su entorno dio el visto bueno a las subvenciones mientras la Fiscalía da por hecho que se archivará el caso
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado este viernes como imputada por haber cometido presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público a la hora de otorgar subvenciones públicas a organizaciones afines a su partido político.
Entrando por la puerta de atrás de los juzgados para evitar las fotografías, la alcaldesa de Barcelona ha justificado su inocencia delante de la jueza, asegurando que no era la encargada de tramitar las subvenciones a entidades, aunque no se mostró en contra de las mismas. Según Europa Press, Colau ha defendido que esas ayudas eran de interés público y que se dan desde antes de que ella llegara al consistorio.
Las mismas fuentes también han dicho que la primera edil ha respondido a las preguntas de sus abogados y a las del fiscal, mientras que la magistrada no le ha hecho ninguna pregunta. Durante la declaración, la alcaldesa se ha escudado en que el interventor le recomendó al Gobierno municipal que, en lugar de dar subvenciones extraordinarias y directas, se hiciera a través de los presupuestos por convocatorias ordinarias, y que el secretario general no vio ilegal que ella no se abstuviera en la votación para aprobar las subvenciones.
Desde la defensa de Colau esperan que se archive el caso, aunque fuentes fiscales han asegurado que "de momento no se tiene previsto pedir el archivo”. Eso sí, parece que el ministerio Fiscal da la mano a la alcaldesa en esta ocasión y ve probable el archivo de la causa.
El motivo es que, según desvela Europa Press, fuentes de la Fiscalía creen que los hechos que se investigan son “iguales en un 99,9%” a la denuncia en la que se acusa de los mismos hechos a la alcaldesa y que se archivó en el mes de julio del año pasado. Unos hechos que la fiscalía observó que no era prevaricación, sino que estos hechos eran una "infracción levísima administrativa".