Las mil y una "guerras" de Sánchez y Podemos en el seno de la coalición

El pasado 24 de febrero, Rusia decidió movilizar a todas sus tropas e iniciar la invasión de Ucrania. Europa entraba en una guerra sin precedentes tras una escalada de tensión inédita en el tablero geopolítico. La Unión Europea respondió con bloqueos económicos feroces y Moscú con más violencia, bombas, ataques terrestres y cientos de civiles muertos.

En un primer momento, la respuesta de España fue comedida. El presidente del Gobierno se ha escudado en todo momento tras la OTAN. Justo cuando otros países como Alemania, que anunció un gasto histórico en defensa y el envío de armas letales a Ucrania, se movilizaron para derrotar a Putin.

Moncloa solo apostó en un primer momento por el envío de ayuda humanitaria. Y detrás de eso, aunque no lo confirman desde la parte socialista del Gobierno, muchos piensan que estuvo Podemos. La formación de Ione Belarra se ha mostrado siempre en contra de intervenir en el conflicto. Una postura que comparte con Izquierda Unida, quien ha llegado incluso a manifestarse en contra de la intervención de la OTAN.

Unas presiones que han terminado por partir en dos el Gobierno de coalición, aunque se esfuercen desde Moncloa en imponer el discurso de que hay unidad en en Consejo de Ministros, ya que Sánchez finalmente decidió anunciar el pasado 2 de marzo el envío de armas a Ucrania para defender el país del ejército ruso.

Una decisión que provocó que Unidas Podemos entrase en cólera, dejando ver su enfado, incluso, en los medios de comunicación, ya que en esta ocasión Sánchez no cedió. Y es que la coalición exige sacrificios y el presidente, perfectamente consciente, está acostumbrado a ellos. Y entre ellos están cesiones que afectan a la vivienda, salario mínimo, subvenciones e incluso la intervención estatal en el libre mercado.

La cesión de los alquileres “intervencionistas”

Si hay una “rendición” clara y evidente de Pedro Sánchez en favor de Podemos, esa es la de la ley de vivienda. Una norma que pretende regular el precio de los alquileres y establecer férreas regulaciones que intervienen el libre mercado. Un ataque del Estado a la economía que muchos estudios han apuntado que no sería eficaz para ofrecer viviendas dignas a las clases bajas.

Pero esa ley era una de las promesas estrella del programa electoral de Unidas Podemos, y nada más llegar a la Moncloa fue presentad a Sánchez como una medida a poner en marcha si quería mantener en Moncloa. Y así ha sido. Con la llegada de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente esta Ley, aunque todavía no se ha aplicado, ya que está pendiente de que tenga el respaldo del Congreso de los Diputados por parte de los socios de investidura.

La reforma laboral de Yolanda Díaz, sin consenso de la patronal

Otra de las cesiones de Pedro Sánchez ha sido la de la aprobación de la reforma laboral que sustituiría la norma aplicada por el PP bajo la mayoría absoluta lograda por Mariano Rajoy. Una medida laboral que salió adelante por los pelos, después de que uno de los diputados del PP votase por error a favor y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet impidiese repetir el voto.

Más allá del lío parlamentario, la norma aprobada fue propuesta desde el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz. Los sindicatos y la patronal dieron su visto bueno, pero Pedro Sánchez tuvo que ceder en los plazos. Las intenciones de Ferraz eran esperar a lo largo de 2022 para aprobar la reforma con los Presupuestos Generales del Estado, pero Díaz se adelantó, forzó su aprobación y se llevó el “mérito”.

La “precipitada” subida del salario mínimo

Junto a la derogación de la reforma laboral, otra de las medidas estrella de Unidas Podemos era la de subir el salario mínimo. Ya lo logró en su momento imponiéndose al PSOE, pero quería que con la llegada de 2022 la subida salarial se situase en los 1000 euros. Una cifra precipitada y que no se ajustaba al mercado, tal y como denunciaron las asociaciones empresariales del país.

De hecho, cuando la medida fue propuesta ante los agentes sociales, la patronal mostró su descontento y su negativa. Algo que Sánchez no habría aplicado sin consenso social, pero que no importó a la ministra de Trabajo, que impuso la subida y la aplicó en una nueva cesión socialista.

Antes de su dimisión, Iglesias también se impuso

Parece que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de coalición fue hace siglos, pero nada más lejos de la realidad. Hace menos de un año que el exvicepresidente del Gobierno se sentaba en el Consejo de Ministros, donde también impuso sus medidas y acciones políticas. Entre ellas, la más sonada, fue la del Ingreso Mínimo Vital.

Una “paguita”, según denuncia Vox en su momento, que iría destinada a los hogares con menos recursos económicos. Una renta “ilimitada” que el PSOE no veía con buenos ojos, pero poco importó. El pacto de coalición estaba my reciente y Pedro Sánchez se comprometió a cumplir toda la legislatura sin adelantos electorales.

El ingreso Mínimo Vital salió adelante pero su aplicación fue un desastre. Con la llegada de la pandemia, dicen desde el Ejecutivo, la burocracia impidió que llegase a todas las familias a las que se le había prometido. Pero cuando el covid dejó de pegar tan fuerte en la sociedad, tampoco llegó esa ayuda. Según datos de El Confidencial, solo el 1% de los hogares que han solicitado la ayuda la han recibido.

Las “medidas” para contener el precio de la luz

En 2021, con el precio de la luz absolutamente disparado en casi un 300%, Unidas Podemos puso encima de la mesa una exigencia recurrente: hacerse con parte de los beneficios de las eléctricas. De hecho la bajada de impuestos nunca fue una solución para la formación morada. El precio de la luz solo bajaría, según ellos, con la intervención del mercado.

Y es que Sánchez tuvo que ceder y meter dentro de los planes de contención de los precios de la luz (que luego no supusieron casi bajadas) la medida de confiscar los beneficios “extra” de las eléctricas.

Moncloa no descarta futuras cesiones

Sánchez es consciente de que aún queda la mitad de la legislatura y que tendrá que seguir cediendo para asegurarse la presidencia. Por eso ya ha anunciado que valora gravar el impuesto de sociedades, una exigencia de Podemos desde hace años, así como subir otros impuestos para “redistribuir la riqueza”, tal y como ha exigido Pablo Echenique.

Esa reforma fiscal también provocó roces en el seno del Ejecutivo, dado que el espacio confederal quiere abrir ya ese debate y presentó una iniciativa en el Congreso, que fue rechazada por el PSOE una vez que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, tildara su proposición no de ley de "inoportuna".

Y no han sido las únicas "tensiones" vividas en el pasado en el Gobierno de coalición: Unidas Podemos y el PSOE también han mostrado discrepancias en algunas leyes del ámbito social, como la Ley del 'Sí es Sí' o la Ley Trans, que llevó a los morados a quejarse de que los socialistas bloqueaban la tramitación de estas normas, personalizando sus críticas en la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los 'morados' también se han quejado más recientemente de un supuesto bloqueo de la Ley de Bienestar animal por parte del Ministerio de Agricultura.

Tampoco se descarta que en los próximos meses el Ejecutivo ceda a Podemos, PNV y Bildu en el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. Una petición histórica de los independentistas que se está cumpliendo a cambio de sus votos favorables en otras leyes de la coalición.