La 'coalición Frankenstein' vuelve a medirse tras el susto de la reforma laboral

El Gobierno de coalición vuelve a jugársela en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez tirará de su pacto en clara minoría con Unidas Podemos, y en medio de la enorme crisis por la posición sobre Ucrania y confiará en sus socios de investidura para aprobar la Ley de Vivienda que pretende intervenir en el mercado controlando y limitando en el precio de los alquileres.

Y parece que esos apoyos no están en absoluto garantizados. Después de que Esquerra Republicana (ERC), PNV y Bildu se desvinculasen del Gobierno durante la votación para aprobar la derogación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, Moncloa teme que la jugada se repita, por lo que ya están dialogando con los grupos parlamentarios en busca de apoyos.

Y es que las cuentas no le salen al Gobierno de Pedro Sánchez: por el momento, parten con el rechazo de, al menos, 167 votos, a nueve de la mayoría absoluta. El resto de formaciones tratarán, en principio, de impedir la tramitación del proyecto. De momento han presentado enmiendas a la totalidad los partidos de centro-derecha y los independentistas vascos y catalanes.

El Gobierno contaría, salvo sorpresa, con la negativa del PP (88 votos), Ciudadanos (9), el PNV (6), el PDeCAT (4) y Junts (4) de forma confirmada, ya que todos ellos han presentado enmiendas. A eso se le suma la previsible negativa de Vox (52 escaños), Foro Asturias (1), los dos exdiputados de UPN, y el exdiputado de Ciudadanos relegado al grupo mixto, Pablo Cambronero.

En el aire están los votos favorables de ERC, quien cree que esta ley “sabe a poco”. La formación de Gabriel Rufián en el Congreso ha registrado una enmienda a la totalidad, en su caso para sustituir la ley del Gobierno por un texto alternativo que incide en medidas como la regulación de precios del alquiler, la normativa antidesahucio y unos recargos en el IBI para vivienda vacía.

La propuesta de ERC elimina cualquier regulación de urbanismo por posible conflicto competencial, garantiza la suspensión de un desahucio si no existe propuesta previa de alquiler social y equipara la regulación de precios del alquiler a la existente en Cataluña, respetando la competencia autonómica.

Será el jueves 10 de marzo cuando se produzcan las dos votaciones, una sobre el texto alternativo de ERC, que no saldrá adelante por falta de apoyos, y la otra, la decisiva, sobre las demás enmiendas, y si ahí los trece votos de Esquerra se suman a quienes piden devolver el proyecto al Gobierno, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el Pleno.

Desde el PP denuncia un ataque a la propiedad privada y al libre mercado

Desde el Partido Popular han denunciado con fuerza esta nueva Ley de Vivienda, recordando el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sostiene que la regulación afecta a una "materia de titularidad autonómica" y "limite" su competencia, y asegura que se trata de "una propuesta claramente lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos".

En su enmienda de totalidad, según informa Europa Press, los 'populares' lamentan la "naturaleza marcadamente intervencionista" de la ley, que "ataca el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa", afectando "muy negativamente al sector inmobilario" y perjudicando "tanto a los inquilinos como a los propietarios”.

Los independentistas ven en la ley un “ataque” a su independencia

Por su parte, los nacionalistas del PNV rechazan la Ley al considerar que "incurre en evidentes excesos", al asegurar que "la vivienda es una materia de titularidad autonómica", tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que identifica como función autonómica regular para atender intereses relacionados con una vivienda digna.

También justifica su rechazo el PDeCAT en una "invasión competencial", además de considerar como "negativo" el impacto que puede tener la legislación propuesta por el Gobierno para la oferta de vivienda de alquiler. Por otro lado, Junts buscará tumbar la Ley de Vivienda por considerar el proyecto "una absorción competencial, total, forzada y artificial", pues supone a su juicio un "desmantelamiento" de las regulaciones aplicadas en Cataluña.