El juez pide el informe clave para saber quién mandó matar a Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quiere todos los documentos que sea posible para poder imputar a la cúpula de ETA el cruel secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997, en calidad de autores intelectuales del mismo.

El magistrado ha acordado oficiar a la Unidad Central Especial número 1 de la Guardia Civil para que elabore un informe pericial de inteligencia en el que se recoja toda la documentación que esté en posesión de este cuerpo y que arroje luz sobre la participación directa o indirecta de los jefes de ETA.

Tal y como recoge en un auto el magistrado, también quiere saber si la Guardia Civil considera factible que los nueve exjefes investigados participaron en la toma de la decisión de llevar a cabo la citada acción terrorista, o bien si la participación activa de los mismos hubiera podido impedir de algún modo el asesinato.

El informe también deberá incluir otros elementos documentales relacionados con otras acciones terroristas contemporáneas al atentado para estudiar el modus operandi utilizado por ETA y su comité ejecutivo.

Se trata tan solo de un primer paso, que se conoce después de que trascendiera el lunes pasado que admitía la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra nueve exjefes de la banda terrorista ETA por el secuestro y asesinato de Blanco.

García Castellón ya fue el instructor del caso

En este un auto, el magistrado, que fue el instructor de la causa hace 25 años, acuerda su reapertura para investigar ahora a los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA). Indica al hilo que "es difícil pasar por alto la singular circunstancia que se da en este caso" porque la reapertura la pide precisamente "el mismo magistrado que instruyera este procedimiento Sumario Ordinario casi veinticinco años después de su incoación" y comenta que si bien "no es algo frecuente", sí "permite aprovechar la ventaja de contar con un conocimiento directo de lo acontecido".

La querella se admite contra Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias "Iñaki de Rentería" ("Aparato Militar"); José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri" ("Aparato Militar"); María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias "Marisol", también "Anboto" ("Aparato Militar-Legales"); Asier Oyarzabal Chapartegui, alias "Baltza" ("Aparato Militar-Legales"); Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi" ("Aparato Logístico"); Mikel Albisu Iriarte, alias "Mikel Antza" ("Aparato Político"); Vicente Goicoechea Barandiaran, alias "Willy" ("Aparato Político"); Jokin Echevarría Lagisquet ("Aparato Internacional") y Carlos Ibarguren Aguirre "Nervios" ("Aparato Tesorería").

El juez explica en su auto que la interposición de la querella resulta coherente con la investigación realizada en su juzgado hasta el momento para esclarecer el círculo de partícipes e intervinientes en la comisión de los hechos y determinar, en su caso, la posible responsabilidad penal que pudiera corresponder a cada uno de ellos.

Manuel García-Castellón: "Quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, dispusieron de, al menos, 48 horas para detener la acción"

En relación con la posible comisión por omisión, el juez señala que en pocos casos como en este atentado, puede perfilarse con más nitidez esta figura penal, "pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades".

Se trataría, según el magistrado, no solo de concretar la existencia cualquier documento o prueba en la que aparezcan indicios de las personas que, no habiendo participado en la ejecución material de los hechos, hubieran dado instrucciones para el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino de determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron.

El auto acuerda dar traslado de la querella interpuesta por Dignidad y Justicia a los querellados, sin que proceda, por el momento, su citación como investigados ni la adopción de medidas frentes a ellos, a la espera del resultado de la diligencia acordada.

Esta reapertura va en consonancia con la ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional y que ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como los ya citados 'Mikel Antza' o 'Iñaki de Rentería' y a otros como a 'Josu Ternera', que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.