Torra planta al juez y “se escapa” de su segundo juicio por desobediencia
El expresidente catalán no se presentará ante los juzgados porque dice que todo es una “farsa” y pide “amparo” a los tribunales internacionales
Quim Torra
Quim Torra no se presentará este jueves a su segundo juicio por desobediencia. El expresidente de Cataluña ha anunciado que esquivará las preguntas del juez que está investigando los presuntos delitos que podría haber cometido al no retirar un lazo amarillo y una pancarta independentista de la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019.
“No legitimaré una nueva farsa”, ha señalado Torra para justificar su ausencia en el banquillo, algo que ha completado su equipo de prensa a través de un comunicado: "El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral".
Por otro lado, el que fuera presidente de la Generalitat ha querido lanzar un mensaje de “auxilio” a los organismos internacionales: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales”.
Torra, sin embargo, no estaba obligado a acudir a este juicio, ya que la pena solicitada es inferior a los dos años de prisión, por lo que será igualmente juzgado aunque no esté presente en la sala. Un juicio que es similar al que se realizó en noviembre de 2019 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que juzgaba el mismo delito de desobediencia.
El expresidente catalán sí acudió a aquel juicio a declarar, y el resultado fue la condena firme de inhabilitación para ejercer cargo público, lo que le costó el puesto de presidente autonómico. Sin embargo, podría no haberse presentado al juicio, como ha hecho en este caso, aunque la condena no habría cambiado.
El Juzgado Penal número 6 de Barcelona juzgará de este modo a Torra por “no acatar la orden del TSJC" de retirara del Palau la pancarta secesionista en apoyo al 1 de octubre y el lazo amarillo que pedía “libertad para los presos políticos y exiliados”. Algo que, según la denuncia, acaba con el deber de “neutralidad” por parte de un organismo público. La Fiscalía pide para el independentista ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
