ERTE y pérdidas millonarias: los estragos de la huelga que Sánchez ningunea

ERTE y pérdidas millonarias. Estas son solo algunas de las consecuencias de la huelga de transportes que tienen en vilo al país, pese a que el Gobierno trata de minimizar su impacto. Y es que el Ejecutivo parece que vive en su particular burbuja, esa en la que nunca pasa nada y lo que ocurre no es responsabilidad suya sino de Putin, de la pandemia y hasta del volcán de La Palma, ya que según ha dicho la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en el Congreso de los Diputados, la mayoría de los transportistas "ya está trabajando".

Sin embargo, pese a que ya están trabajando, según la titular del ramo, el Gobierno ha modificado su agenda y se reunirá de nuevo mañana con los transportistas para abordar y definir con el sector un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad, lo que supone adelantar en un día la reunión que estaba anunciada para este viernes.

Según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también asistirá a la reunión, como ya hizo el lunes junto a las ministras de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María Jesús Montero, y Raquel Sánchez, respectivamente. Además, según ha recalcado Bolaños, el Gobierno "no va a levantarse de la mesa hasta que no haya acuerdo".

Y es que, la situación es crítica por mucho que lo niegue el Ejecutivo, pues muchas empresas tienen que parar su actividad tras el parón logístico. De hecho, el gran consumidor ha dado la voz de alarma y ha pedido medidas urgentes que acaben con la huelga para evitar la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y pérdidas diarias de 130 millones de euros en la distribución alimentaria.

Así lo han puesto de manifiesto las organizaciones Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias, FIAB y Hostelería de España, que han instado también al Gobierno a "no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte" porque la situación es "insostenible".

Además, este miércoles, Raquel Sánchez se reunirá con la segunda de las ramas representadas en el CNTC, la de viajeros, que congrega las actividades que efectúan los autobuses, taxis, VTC y ambulancias, también afectadas por el incremento de los carburantes.

Otro fin de semana de manifestaciones

De hecho, este sector, aunque no ha convocado ningún paro, sí se manifestará el próximo domingo, 27 de marzo, con sus taxis, VTC, ambulancias y autobuses, para exigir al Gobierno que se articulen ayudas concretas y directas que compensen el fuerte incremento del precio de la energía.

Igualmente, el Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril (CPTMF), que reúne a organizaciones y empresas vinculadas al transporte de mercancía en tren, se ha sumado al sector del transporte por carretera para pedir al Gobierno soluciones ante el incremento del precio de la electricidad.

El precio de la energía ha desencadenado un aumento del 80% de la factura que Adif, el administrador de las vías, cobra a los operadores por el suministro de la energía eléctrica que mueve a los trenes

El sector explica en un comunicado que el precio de la energía ha desencadenado un aumento del 80% de la factura que Adif, el administrador de las vías, cobra a los operadores por el suministro de la energía eléctrica que mueve a los trenes.

Esto ha hecho entrar al sector en una "situación crítica" en la que las empresas han experimentado un incremento "inaudito" en sus costes de explotación, lo que pone en peligro su continuidad y advierten de posibles interrupciones en el servicio, lo que hace aumentar aún más el miedo al desabastecimiento.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno sigue de ruta y solo ha comparecido en el Congreso para asegurar que está "convencido" de alcanzar un acuerdo "esta semana" con el sector del transporte. Eso sí, no ha detallado ninguna de las medidas que aprobará en el decreto ley el próximo 29 de marzo, a la espera de las reuniones del Consejo Europeo de esta semana.

Pero, por mucho que Sánchez no quiera escuchar, los expertos ya conocen la solución: una bajada de impuestos. El Consejo General de Economistas (CGE) ha instado al Ejecutivo a rebajar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del gas, así como el de los carburantes fijado actualmente en un 21%. "Hay un cierto consenso en que bajar el IVA del gas y los carburantes, sabiendo que será un tema que no va a solucionar el problema del mercado, es una de las cosas que se podría hacer", ha señalado su presidente, Valentín Pich. Pero Sánchez, de momento, se niega.