La Cámara de Cuentas valida el contrato de Madrid con el hermano de Ayuso
El organismo fiscalizador emite su informe definitivo y deja claro que no hay ninguna irregularidad en el contrato de emergencia con el hermano de la presidenta madrileña.
Isabel Díaz Ayuso con el jefe de Gobierno de Buenos Aires
El contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones para la adquisición de mascarillas FPP2 durante la pandemia firmado con el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es plenamente legal y no reviste ninguna irregularidad. Así lo ha confirmado la Cámara de Cuentas al emitir su informe que tumba la cacería de la izquierda madrileña contra la jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
El citado organismo ha aprobado el informe definitivo de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno de Ayuso mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, donde se establece que “con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación”.
El contrato con el hermano de Ayuso se recoge con el número 179. Está adjudicado por la Consejería de Sanidad para el 'Suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud' por importe de 1.512.500 euros y autorizado por el Consejo de Gobierno el 20/05/2020. Sobre el mismo, la Cámara de Cuentas no hace valoración alguna de irregularidad.
Durante el primer año de la pandemia, la Comunidad de Madrid realizó un total de 4.448 contratos tramitados por procedimiento de emergencia y referentes a la crisis sanitaria Covid, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros.
Este informe de la Cámara de Cuentas es un varapalo a la oposición madrileña, que lo reclamaba precisamente para poner en duda la legalidad del contrato con el hermano de la presidenta que ahora se confirma.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, llegó pedir por escrito el documento al presidente en funciones de este órgano, Carlos Salgado, que le contestó que aún estaba en trámites de elaboración. Esto le valió la acusación al PSOE de “intentar presionar y manipular” por parte del consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty.
El informe de la Cámara de Cuentas era un argumento esperado por el Gobierno de Ayuso para respaldar la legalidad del contrato vinculado al hermano de la presidenta madrileña, al haberse publicado por los medios de comunicación el informe preliminar y haberse citado en varias ocasiones para demostrar que todo fue correcto. Ahora esa corrección queda acreditada definitivamente por el organismo de control.
