La trama chavista del "caso Morodo" acecha a Zapatero y al PSOE en la Audiencia
Batería de medidas judiciales y policiales sobre el exembajador socialista en Caracas, investigado por el cobro de comisiones de la petrolera pública venezolana. Temor a que tire de la manta
Zapatero, junto al exembajador socialista en Caracas, Raúl Morodo.
A los dos socios del Gobierno progresista le persiguen sus viejos fantasmas, los de sus lazos con el régimen chavista de Venezuela. A Podemos, el caso Neurona y el caso Pollo Carvajal. Y al PSOE, el caso Morodo, que pese al intento de Ferraz de ponerse de perfil, sigue acorralando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por el cobro de comisiones millonarias por parte de su exembajador en Caracas, Raúl Morodo.
Y es que el citado caso Morodo acaba de recibir un impulso judicial de impredecibles consecuencias. El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, encargado de investigar si el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007 y su entorno familiar recibieron fondos de la petrolera PDVSA ha autorizado que se siga investigando si la mujer del diplomático, Cristina Cañeque, cometió un delito fiscal.
En una providencia, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 accede a la petición de Fiscalía, que considera "procedente" que se autorice al perito judicial a continuar con las "comprobaciones inspectoras para que documente las actuaciones oportunas".
Fue el pasado mes de febrero cuando el magistrado remitió a estos juzgados el documento elaborado por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se indagaba en la actividad y el patrimonio de MS TRADING SL, una sociedad titulada por Cañeque.
El exembajador socialista en Venezuela, Raúl Morodo, en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional.
En su informe, el perito explicaba que "existen rentas no declaradas por parte de la sociedad", de Cañeque y de sus hijos "que deberán ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación ya que, además, en el caso de MS TRADING" y de la mujer del exembajador "podrían derivar en la existencia de un delito fiscal por su cuantía y consideración".
Así, apuntaba que "si bien MS TRADING ha podido percibir determinadas cuantías procedentes de PDVSA a través de las sociedades" del exembajador Morodo y de su hijo Alejo Morodo Cañeque, "estas percepciones pueden tener incidencia en la regularización fiscal que se practique a la sociedad en una comprobación inspectora". "MS TRADING ha sido utilizada como vehículo de evasión fiscal mediante diversas vías", señalaba el perito.
La Agencia Tributaria también ha apuntado a la elaboración de la contabilidad "con gravísimas anomalías" y que a su juicio "distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance, puede aparecer según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo".
Más de 4.5 millones de euros esquilmados
En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
La UDEF también mueve ficha
Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez Abascal que incorpore a la causa una serie de documentación aportada por las autoridades de Andorra y que estaría relacionada con el exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
En un oficio del pasado viernes, los investigadores instan al magistrado a solicitar a otro Juzgado, el Central de Instrucción Número 2, los papeles que la UDEF recabó en el Principado de Andorra y en los que se "ha encontrado una serie de vinculaciones con la causa" y de los que, entienden, hace "recomendable que sean solicitados al anterior para ser incorporados a la causa".
La UDEF recuerda que en octubre de 2020 se dio cuenta de la existencia de un procedimiento penal abierto en Andorra por blanqueo de capitales en el que participaba la sociedad Welka Holding Limited como sociedad pagadora de grandes sumas a Villalobos por sus actividades en una operativa sospechosa con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Ese mismo mes la UDEF solicitó el traslado de funcionarios al Principado para solicitar la selección de "la documentación relevante para la investigación seguida en España". Esa petición se materializó y los papeles fueron entregados en diciembre de 2020, remitiéndose los mismos al Juzgado Central de Instrucción Número 2, al frente del cual se encuentra el juez Ismael Moreno.
El propio Moreno es el instructor de la causa en la que se indaga en los presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos venezolanos. En la misma se encuentra investigado el propio Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres.
