Belarra dará a una empresa la gestión de subvenciones pese a sus 3.000 empleados

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 necesita una empresa externa para la gestión de las subvenciones, porque no dispone de los medios humanos ni materiales adecuados ni suficientes para ello, según certifica su Oficina Presupuestaria y Gestión Económica, pese a que tiene en nómina a más de 3.000 empleados, entre funcionarios y personal laboral.

Así, el departamento dirigido por Ione Belarra ha puesto en marcha el proceso de contratación de una empresa externa, presupuestado en 50.000 euros para “la gestión de la convocatoria de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 en los plazos establecidos en la misma y garantizar la máxima difusión”.

La Secretaría de Estado de la Agenda 2030, dirigida por el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, es el organismo encargado de dichas subvenciones ya que, según señalan, dicha Agenda 2030 “es la hoja de ruta urgente que ha de aplicarse por el Gobierno de cara a enfrentar y resolver los grandes problemas que nos deja la pandemia”.

El dinero irá destinado a “actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible realizadas por plataformas, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades del ámbito de la economía social, universidades y organismos públicos de investigación que promuevan la incidencia política y social para el fomento de políticas alineadas” con dicha hoja de ruta.

Además, también irán a parar al “desarrollo de proyectos piloto, buenas prácticas, iniciativas innovadoras y generación de alianzas que fomenten la promoción e implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible”.

Según señala el pliego de contratación, el contrato “pretende recabar el apoyo técnico que posibilite la gestión de la convocatoria de subvenciones, a través de la realización de actividades de información, gestión de la documentación y asistencia técnica”.

Las funciones de la empresa contratada por Belarra, que deberá contar con cinco personas destinadas al Ministerio, consistirán en la atención a los interesados, tanto de forma telefónica como a través de correo electrónico, además de la “recepción y revisión de solicitudes recibidas” y el “envío de requerimientos de subsanación, en su caso”.

Junto a ello, también dejará en manos de la empresa “la gestión de propuestas de reformulación recibidas, así como "el envío a la entidad de la aceptación o desestimación de la propuesta realizada por el órgano competente”, algo que debe realizarse “en un plazo máximo de 24 horas”.

También, en el apartado de asistencia técnica, la empresa adjudicataria se encargará de la elaboración de “documentos normalizados para dar respuesta a las necesidades del procedimiento”, así como de la redacción de “informes de cada uno de los procesos realizados, así como informe final sobre los resultados de la convocatoria de subvenciones”.

Más de 3.000 trabajadores en el Ministerio

En suma, el Ministerio necesita a una empresa, por la que pagará 50.000 euros, para gestionar los fondos públicos y que ponga a disposición de Belarra y Santiago cinco trabajadores, pese a que el departamento dispone de miles de empleados públicos.

De hecho, según la relación de personal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que aparece publicada en el Portal de Transparencia, existen 1091 funcionarios dependientes de él, a lo que hay que sumar los 2.148 trabajadores que prestan sus servicios en calidad de personal laboral, por lo que, cuanto menos, resulta sorprendente que el departamento no disponga de cinco personas que se puedan encargar de dicha labor.